He leído numerosos escritos liberales que analizan el asunto de la liberalización de las drogas. Todos ellos llegan a una misma y válida conclusión: "No corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. No debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a si misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades".
Sintéticamente, legalizar las drogas traería enormes beneficios: 1) Terminaría con el negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente; 2) reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los costos de producción e intermediación que implica la prohibición, lo cual significaría que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendría que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas sustancias; 3) lograría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal (esto es significativo considerando que "el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas"); 4) acabaría también con la alianza del narcotráfico y el poder político, reduciendo la corrupción; 5) minoraría el gasto público, al no tener los gobiernos que continuar su lucha contra las drogas.
Estos estudios, sin embargo, no se enfrentan a lo que considero que es el problema central. ¿Cuál debería ser la legislación en relación con los menores de edad? En la actualidad, en la lucha contra el tabaco y el alcohol se aplican sanciones a aquéllos que venden estas sustancias a niños y adolecentes. En tal sentido, se afirma que las drogas tendrían sanciones similares, aunque quizás más fuertes.
Citando un trabajo de David Boaz sobre la guerra a las drogas, explica Alberto Benegas Lynch:
Respecto de la publicidad de drogas y venta a menores de esos productos, en esta instancia del proceso de evolución cultural y hasta que no aparezcan otros procedimientos más efectivos, deberían mantenerse las mismas normas que hoy existen respecto del alcohol, las armas de fuego y la pornografía y por las mismas razones.
En pocas palabras, la legalización de las drogas implica una nueva legislación en la que cada "mayor de edad" debe ser responsable de las consecuencias de ingerir estas sustancias pero, al mismo tiempo, continúa la prohibición de las drogas para "menores de edad".
De ser así, ¿no habría lugar entonces para que el mercado negro y el narcotráfico continuaran? Es cierto que el narcotráfico internacional se vería reducido, porque las drogas ya estarían disponibles para los mayores en las farmacias o en los negocios particulares. Pero, ¿qué evitaría que surjan mafias –y estas generaran similares consecuencias a las actuales– cuyo objetivo fuera el de hacer llegar las sustancias a los menores de edad en las escuelas y colegios? ¿Qué evitaría que se contraten niños o adolecentes para comercializar las drogas en estos lugares (considerando que a ellos no aplican las sanciones pertinentes)?
Y por otro lado, ¿habría sanciones a un padre que le compró drogas a su hijo? ¿Cabe aquí el argumento de que el Estado no debe ejercer un rol paternalista en el que se supone que sabe mejor que el propio padre qué es lo mejor para su hijo?
Lo dicho es parte de unas dudas mayores: en muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los liberales, la legislación es una para los mayores de edad y otra muy diferente para los niños y adolescentes.