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El mito de las pensiones privadas

Los fondos de pensiones privados reciben compulsivamente una porción fija de los salarios de los trabajadores, cobran comisiones astronómicas y no se les permite gestionar el dinero según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices estatales.

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El sistema de previsión social "de reparto" que experimentó la Argentina desde la década de 1940 hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido, y siguen viviendo hoy, los jubilados y pensionistas. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores se destina a financiar las prestaciones de los jubilados. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como "coactivo", no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.

El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza "coactiva" del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compiten en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que reciben compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobran comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y, lo más importante, no se les permite gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, son más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.

Cristina Kirchner, la presidenta de "todos" los argentinos, envió en estos días un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.

En lugar de eliminar la "coacción" que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, la propuesta pasa por suprimir las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tiene como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores deberán contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales.

El pasado año, se ofreció la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20 y un 30 por ciento aceptó el cambio (es decir, alrededor del 80 por ciento de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). Los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocen sus consecuencias.

En una sociedad libre, el Estado no debería imponer ningún sistema de jubilación. En su lugar, tendría que permitir que hubiera tantos como los que establezcan los interesados según sean sus preferencias y sus situaciones económicas.

Adrián Ravier es economista y profesor de la Universidad Francisco Marroquín y del Swiss Management Center University. Escribe regularmente en su página personal.

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