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Columna publicada el 11-01-2004
El desarrollo lo hacen las personas. Ellas para sobrevivir, reproducirse, perfeccionarse y proyectarse trabajan, ahorran, crean e intercambian en los mercados, donde aprovechan la especialización y la división del trabajo, aumentando la productividad y los ingresos, de manera misteriosa e indefinida, a partir de la información que dan los precios. Los precios resumen gustos, tecnologías, modos de producción y sus constantes cambios. Se trata de pura información que resulta del conocimiento de la gente y sus preferencias.
Si el Estado interfiere, fijándolos con cuotas, tributos, aranceles, monopolios o regulaciones, dicha información y conocimiento se pierden o distorsionan. Si eso ocurre, los recursos siempre escasos de capital físico y humano se usarán mal y se producirá menos que lo óptimo y de inferior calidad. La comunidad afectada se desarrollará poco y se mantendrá detrás de otras. Es lo que muestra la historia: las economías libres crecen, mientras que las planificadas, controladas, protegidas o reguladas se van quedando atrás.
Los individuos trabajan y se sacrifican para consumir y acumular para el futuro, de modo que si no se resguardan el ingreso, el ahorro y la propiedad, el negocio no funciona. Los contratos deben respetarse y, para esto, son importantes las leyes, los jueces y los servicios de seguridad. Esto, así como ciertas obras públicas y el apoyo a los desvalidos, es lo que debiera preocupar de preferencia al Estado. Pero no suele ser así y lejos de dar buenos servicios en materias como las citadas, prefiere meterse en todo, haciendo favores a amigos y a grupos de presión o dando mala atención, como en la educación.
Esto implica impuestos altos, que son recursos que, al ser arrebatados a las personas, les quitan capacidad para emprender, ahorrar e invertir. Como son ellas las que crean, inventan e innovan, es fácil adivinar el resultado: el emprendimiento decae, la inversión se resiente, el empleo, ahí no más y, cuento corto, subdesarrollo y pobres.
Desde 1990, los impuestos han subido en Chile unos tres puntos de producto, para lo que llaman gasto social. A modo de ejemplo, las remuneraciones de médicos y profesores se han duplicado con el aumento del IVA que pagan todos. Se le quita la plata a Juan Verdejo, pobretón y hasta cesante, para dársela a los funcionarios públicos. ¿No habría sido mejor para el desarrollo y el empleo que Verdejo tuviera más ingresos y que los hubiera gastado, ahorrado o creado algo con ellos? La historia sugiere que sí, ya que el crecimiento sólo se ha obtenido en las economías libres, abiertas y de Estado chico. Y, al revés, cuando aumenta el tamaño del Estado, el desarrollo se debilita.
Los mayores impuestos y regulaciones distorsionan las señales y el conocimiento contenidos en el sistema de precios, alejando las decisiones personales de las óptimas para maximizar el bienestar de la gente. No es gratis subir un poquito los impuestos para un noble propósito "social": los individuos pierden libertad y creatividad; demandan menos bienes y servicios, con el efecto negativo correspondiente en la producción y el empleo. Esta pérdida no se ve, al contrario de la promesa político-estatal de regalar un dinero o crear algunos empleos.
Esta es la tragedia de las democracias estatistas, poco respetuosas de las libertades personales. Es lo que los variados socialistas no comprenden y la base de la demagogia y el populismo que observamos a diario y que podría explicar nuestro pobre crecimiento de los últimos seis años y el de las décadas anteriores a las reformas liberales.
El Estado da servicios de mala calidad, favores a amigos y grupos o cosas inútiles, pero vistosas. La gente los valora porque ve el pequeño beneficio, pero no el costo, que es lo que se deja de producir, crear e innovar en los mercados, de una forma misteriosa, no modelable. Es cosa del diablo. De un diablo picante, pero muy activo en la región.
© AIPE
