Perdí la inocencia hace años, una lejana noche de abril. Invitado a cenar en casa de una amiga, nos presentó a su cuñado. Alguien preguntó su profesión. Respondió sonriente: "Liberado sindical". Con sincera expresión de perplejidad, pregunté: "Pero… ¿eso es una profesión?". Prefiero no contarles lo que ocurrió después. Nada peor que una pregunta estúpida.
El imprescindible Pedro Tena ha desvelado en Libertad Digital que el secretario General de UGT de Andalucía falseó gastos sindicales para percibir un sobresueldo. No solo no me extraña: dudo de que sea una excepción. Y sospecho que no tiene conciencia de haber obrado mal, sino, al contrario, de estar mal pagado por defender sin descanso a los trabajadores.
Cuando el sindicalismo es una profesión, se pierde la propia, y por tanto el vínculo que llevó a un trabajador a defender y mejorar en lo posible las condiciones de trabajo de sus compañeros. En todo sindicato –como en la vida– hay personas mejores y peores. Pero una estructura perversa de incentivos no solo promociona el ascenso de los peores, sino lo peor de cada uno. Es lo que tiene la corrupción: corrompe. Créanme: el falseamiento de facturas para cobrar sobresueldos no es la más perniciosa de las prácticas de los grandes sindicatos.
Es discutible qué modelo sindical –si alguno– es mejor para el interés de los trabajadores. Es incluso dudoso que exista un "interés de los trabajadores" distinto del de cada uno de ellos. Pero el sindicalismo español nada tiene que ver con eso, sino con un diseño político de los que tutelaron la Transición. Es un sindicalismo corporativo creado desde el comienzo a base de dinero, prebendas y privilegios. Los que disponían de poder real –a qué nombrarlos– no podían concebir que el único partido de izquierdas relevante fuese el Partido Comunista y el único sindicato digno de tal nombre, Comisiones Obreras. Por eso, el apoyo a un Partido Socialista liderado por un cómodo líder como González fue parejo a la creación de un sindicato, UGT, que era solo historia lejana. Todo regado con dinero. Mucho dinero.
El resto es conocido: devolución del patrimonio sindical, privilegios, subvenciones, horas sindicales sin control, miles de millones para formación inútil pero rentable, más devolución de patrimonio sindical… La mayor estafa inmobiliaria de nuestra historia se llamó PSV, empresa de UGT. En determinados ámbitos, la actividad sindical no es más que un tira y afloja en el que se compra paz social por mantener una casta privilegiada. ¿Les suena de algo? Esto es España.
Créanme: nadie sale moralmente indemne de un baño tan masivo de dinero y privilegios. Cuantos se han acercado a los grandes sindicatos o partidos políticos con auténtica vocación de servicio raramente no han salido escaldados. Sobresueldos ilegales –lo rechazable es la ilegalidad– como los del secretario general de la UGT de Andalucía eran práctica generalizada en amplios sectores. También de la Administración. Y con las mismas técnicas.
La hipocresía política resalta sobresueldos legales e ignora los ilegales según los protagonistas sean unos u otros. Poco les importa abogar por la moral pública y el cumplimiento de la ley. En lo más profundo de la peor de las crisis, la casta se aferra a sus privilegios. Hoy pretenden ignorar el falseamiento de facturas, los sobresueldos ilegales, en una entidad sindical que pretende defender a los trabajadores con dinero de todos los ciudadanos. Estos sindicalistas, como tantos políticos, no solo se libraron de su profesión: se liberaron del cumplimiento de la ley y de la justicia. El caso del secretario general de UGT en el corrupto feudo de una Andalucía enfangada en el más corrupto populismo es fundamental, porque habrá estremecido a muchos otros beneficiados. Es solo una de las puntas de tantos icebergs de corrupción.