No hay ya ninguna duda de que el PSC, un partido que impulsó y avaló el proyecto de Estatuto de Cataluña aprobado el 30 el septiembre de 2005 en el Parlamento autonómico, es hoy un partido gravemente infectado por el virus nacionalista, una formación política que, desde que accedió al Gobierno de Cataluña en 2003, ha adoptado el programa del Sr. Pujol de ir vaciando gradualmente de competencias y recursos al Estado español a fin de granjearse las simpatías del sector menos independentista del electorado de CiU. El PSOE carece, por decisión propia, de implantación en Cataluña y los líderes del PSC, el partido "socialista hermano" del PSOE, están aprovechando esa debilidad, como cualquier formación nacionalista, en las votaciones parlamentarias claves para extraer contraprestaciones del Gobierno central, no en aras de mejorar la gobernabilidad del Estado como a veces se nos quiere hacer creer sino para reforzar su propia posición política en Cataluña.

En abril, el Sr. Rodríguez Zapatero tuvo que hacer una crisis de Gobierno para deshacerse del Sr. Solbes, ministro de Economía y Hacienda, y de varios ministros incómodos –la Sra. Álvarez, el Sr. Molina y la Sra. Cabrera– con el exclusivo fin de tender puentes con los nacionalistas catalanes. Apenas tres meses después, la Sra. Salgado, sustituta del Sr. Solbes, cerraba un acuerdo bilateral con el Sr. Castells, uno de los consejeros del PSC en el Gobierno de Cataluña que se ha pronunciado abiertamente y en varias ocasiones a favor de utilizar a los diputados del PSC en el Congreso para doblegar la voluntad del Gobierno central, y el Sr. Puigcercós, el líder independentista de ERC que ve el nuevo modelo de financiación como un paso "hacia el concierto económico... y la independencia". Según las estimaciones del PSC y ERC, el nuevo modelo otorgaba a Cataluña entre 3.500 y 3.855 millones de euros de los 11.000 millones adicionales previstos, unas cifras y una distribución que el Sr. Solbes se había resistido a aceptar durante tres años.

Las continuas cesiones de competencias han situado al PSOE en una situación cada vez más delicada. El PSC ya cuenta con un grupo parlamentario propio en el Senado, la Entesa Catalana de Progrés, desde la que impulsan iniciativas junto con sus socios independentistas de ERC, y el Sr. Castells en una entrevista concedida el 27 de julio planteaba la conveniencia de revisar "nuestra estrecha vinculación con el PSOE" que impide que "el PSC pueda jugar con toda su fuerza en temas básicos para Catalunya" y acababa enviando un aviso para navegantes: "el acuerdo [de financiación] es magnífico pero no podemos caer en triunfalismos". En la misma línea, el Sr. Maragall, consejero de Educación de la Generalitat, cuestionaba en un artículo publicado el 25 de agosto la competencia del Tribunal Constitucional (TC) para revisar el Estatut de Cataluña –"¿qué puede añadir la interpretación que hagan, por larga y enrevesada que sea, este grupo de ciudadanos tan sabios?"–, y abogaba por desplegarlo "con la intensidad y el ritmo que nos convenga... sin más límite que el que nos marque nuestra propia ambición". ¿Para qué se necesita recabar la opinión del TC cuando el Sr. Montilla ya ha dicho que el Estatuto es constitucional? El Sr. Maragall acababa el artículo proponiendo nada más y nada menos que formar "un Gobierno de coalición PSOE–PSC" en España. Habrá, no me cabe ninguna duda, más presiones y propuestas en este sentido en los próximos años.

El Estatuto de Cataluña aprobado en junio de 2006 ha reforzado la posición del PSC que ahora se permite junto con sus socios en el Gobierno de Cataluña ignorar todas las normas aprobadas por el Gobierno central y las Cortes españolas que no les gustan y recurrirlas para ganar tiempo ante ese tribunal integrado por "ciudadanos tan sabios". El incumplimiento del Real Decreto 1513/2006 de enseñanzas mínimas de 8 de diciembre y la inaudible respuesta del Gobierno central hasta ahora demuestran hasta qué punto el Gobierno central se ha convertido en una marioneta del PSC. Tras tres años de incumplimiento de la norma estatal, el Gobierno central se ha atrevido por fin a cuestionar que el Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña "tenga capacidad para fijar los programas y horarios de las enseñanzas no universitarias", aunque el inefable ministro de Educación se ha apresurado a quitarle hierro al asunto diciendo que la petición se "enmarca dentro de la normalidad institucional". Normal debe resultarle al Sr. Gabilondo que mi hijo, en primer curso de primaria, reciba ocho módulos de 45 minutos de lengua catalana y tan sólo tres módulos de lengua castellana y normal lo que le espetó el Sr. Tardá, diputado de ERC, en el Congreso: derogue el Real Decreto.

El nuevo Estatuto ha desdibujado la necesaria relación jerárquica que ha de prevalecer entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas, impidiendo a aquél desarrollar funciones integradoras y defender los intereses generales frente a los intereses particulares de cada comunidad. Las primeras víctimas somos los ciudadanos que padecemos los gobiernos nacionalistas en Cataluña y otras comunidades autónomas infectadas por el virus nacionalista, pero la segunda tal vez lo sea el propio PSOE.