El presidente Bush firmó casi a la chita callando la ley que modifica el sistema de financiación de partidos en Estados Unidos y que habría de servir para “limpiar” la política de algo tan rastrero y peligroso como el dinero. Ha sido una cruzada personal del senador republicano McCain, que la convirtió en su principal argumento contra Bush durante las elecciones primarias, pero los años de esfuerzos y debate han llevado a una ley con poca sustancia que tal vez muera en el Tribunal Supremo por limitar la libertad de expresión.
Tras los debates en el Congreso y a través de los editoriales y primeras planas de la prensa durante dos años, la ley no consigue ni eliminar el dinero del proceso político ni limitar la influencia de los grupos de presión, que eran sus principales objetivos. Al prohibir las donaciones a los partidos políticos nacionales, les impide defender sus ideas y programas, pero deja el campo libre a diferentes organizaciones para que hagan propaganda directamente, lo cual pone todavía más al público a la merced de los tan criticados “intereses especiales”.
Irónicamente, el gran beneficiario es el presidente Bush, que se ha opuesto a la ley, mientras que los demócratas, que tanto la han defendido, salen perdiendo. Bush tiene una fabulosa maquinaria para recoger donaciones directas y podrá ahora sacar el doble, mientras que los demócratas dependen más de las ayudas sindicales y de otros grupos a su partido. Si la actitud de los demócratas es incomprensible, la prensa ha sido en cambio siempre coherente en su gran defensa de la ley, que la convierte en árbitro de la opinión pública. Al limitar la publicidad, la imagen de los candidatos está en manos de los periodistas.
Pero quizá la mayor de las paradojas es el elitismo de una ley que pretende dar a todos las mismas oportunidades, porque nadie puede impedir a los millonarios que se gasten su fortuna haciendo publicidad propia.
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