La actuación del juez Grande-Marlaska no puede ocultar la inacción del gobierno. Ya en junio dejó en evidencia las ansias infinitas de paz al aceptar a trámite la querella de la AVT contra los batasunos de las tierras vascas. Tanto entonces como ahora, el fiscal general y el Gobierno han hecho lo mismo, mirar hacia otro lado. En este caso, el presidente ha añadido la obscenidad de afirmar que debía salvaguardar el derecho a la libre reunión de las personas, reunidas libremente para delinquir. Por tanto, no cabe esperar de los socialistas nada más que la inacción ante el plan B de los terroristas.
No cabe ser ingenuos. Herri Batasuna se convirtió en Euskal Herritarrok, y ésta en Batasuna, y ésta en el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Siempre tienen en la recámara una estrategia para eludir la acción de la justicia. ETA no va a dejar, en palabras de uno de sus portavoces, de “seguir insistiendo en el camino de su trabajo político, social, en la calle, en las reuniones de trabajo, en todos los sitios”. Jaime Mayor Oreja, el mejor analista del nacionalismo vasco, ya ha advertido de que “lo importante no es que un juez haya sido un elemento decisivo para pulverizar el plan A sino que la pregunta es qué va a suceder con el plan B”.
No es necesario que Batasuna organice una manifestación ilegal el día de su asamblea prohibida para dar la razón a Mayor Oreja. Al fin y al cabo, el plan B no es sólo, ni siquiera principalmente, este acto. Cabe esperar de los terroristas que sepan, con la aquiescencia del gobierno, presentarse a las próximas elecciones bajo otras siglas, sean las del PCTV u otras por venir.
Sin embargo, la prioridad ahora es impedir una nueva burla a la justicia. Conde Pumpido ha vuelto a intentar aparentar que hace algo, afirmando que Batasuna “no puede” realizar ningún acto público. El trabajo del fiscal general no es decir lo que se puede o no hacer, sino actuar para impedir que se incumpla la ley, aunque Conde Pumpido prefiera obedecer al Gobierno. Dados sus antecedentes, las actitudes vociferantes que sin duda tendrán lugar deberían ser razón más que suficiente para hacer madrugar a los GEO, si no fuera porque su sectarismo le lleva a perseguir a dos militantes del PP por mucho menos de lo que hace a diario cualquier militante batasuno sin que se le toque un pelo.
El Gobierno no puede limitarse al acatamiento de las decisiones de Grande Marlaska tras haber intentado lavarse las manos por no incomodar a personas “con mucho que decir” como Díez Usabiaga, despreciando a quienes ya no podrán decirnos nada nunca más. No puede ser la AVT quien pida al juez que envíe a la Guardia Civil a impedir que se cometa este nuevo fraude de ley. Pero mucho nos tememos que decidirá confiar en la labor del gobierno nacionalista vasco. Una confianza absoluta en que no hará absolutamente nada. Pero luego protestarán cuando se les acuse de traicionar a los muertos.