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La "bilateralidad multilateral"

Si ya es vergonzoso que se emprenda una reforma al dictado de un estatuto de dudosísima constitucionalidad como el catalán, todavía lo es más en momentos de crisis, en los que la principal preocupación debería ser la actividad económica y el empleo.

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La semana pasada la nueva ministra de Economía, Elena Salgado, reivindicó su cargo de presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar de justificar que fuera ella, y no Chaves, quien respondiera en el Senado a la pregunta que el representante del PP Javier Arenas había dirigido al nuevo ministro de Cooperación Territorial. Este martes fue Chaves, sin embargo, el que celebraba junto al presidente de la Generalidad catalana una reunión a puerta cerrada para abordar nada menos que la reforma del sistema de financiación autonómica.

Tanto en la forma como en el fondo esta reunión ha sido una vergonzosa y fiel muestra de ese deseo de dejar atrás la España constitucional al dictado del Estatuto soberanista catalán. Para empezar, la financiación autonómica es competencia del Ministerio de Economía y afecta e interesa a todas las comunidades, por lo que su reforma se debería haber planteado con total transparencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que para algo es el órgano encargado para coordinarla. Sin embargo, hasta la forma de comparecer Montilla y Chaves ante los periodistas –como si representaran a dos países diferentes– daba una imagen de bilateralidad que el propio ministro acrecentaba admitiendo que su idea es llegar a un pacto a solas con Cataluña, que luego serviría de guión para el resto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este miércoles, sin embargo, Chaves ha querido aprovechar su reunión con el presidente autonómico valenciano, Francisco Camps, para tratar de maquillar esa reforma al dictado del estatut catalán. Para ello ha hablado de la "compatibilidad entre la bilateralidad y la multilateralidad" y hasta anunciado "para septiembre u octubre" una conferencia de presidentes autonómicos para analizar "cómo pueden las comunidades autónomas aportar parte de sus fondos para afrontar la crisis económica". Sin embargo, nada borra el hecho de que esta reforma de la financiación autonomica, con nula demanda social, no obedece más que a la amenaza hecha por Montilla de retirar el apoyo al Gobierno de Zapatero si no ven satisfechas sus demandas de financiación.

Zapatero no quiere quemarse personalmente en una reforma que directamente Pedro Solbes no quería emprender, pero que sigue siendo ineludible, entre otras cosas porque Montilla es a su vez rehén de sus socios nacionalistas en el Tripartito. Ello explica en buena parte tanto la elección de la dócil Elena Salgado como nueva ministra de Economía como que se le haya asiganado a un político ya amortizado como Chaves el papelón de resolver el "sudoku" del nuevo sistema de financiación.

Con todo, lo peor es la devastadora dinámica que genera este nuevo modelo de financiación, completamente ajena a lo que podría ser una sana competencia fiscal entre autonomías. La única forma en la que se pueden satisfacer a todos los representantes autonómicos siguiendo los parámetros del Estatuto catalan es incrementando el ya de por sí alarmante déficit y endeudamiento públicos, cosa que ni los presidentes autonómicos ni a Zapatero les parece preocupar.

Si ya es vergonzoso que se emprenda una reforma del modelo de financiación al dictado de un estatuto de dudosísima constitucionalidad, como es el catalán, todavía lo es más en momentos de crisis en los que la principal preocupación debería ser cómo recuperar la actividad económica y el empleo. Pero ya ven. Cada día se van miles de españoles al paro y mientras tanto nuestros políticos se enzarzan en la "bilateralidad multilateral".


 

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