Como es norma en el Gobierno de Pedro Sánchez, la regularización masiva de inmigrantes constituye una chapuza de dimensiones colosales y está generando un caos indescriptible desde antes incluso de su entrada en vigor este jueves. El decreto está a la altura de la producción legislativa del Ejecutivo, un bodrio y un galimatías con requisitos contradictorios que fomentan la inseguridad jurídica marca de la casa. Prueba de ello es que ni siquiera la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sabe distinguir entre los antecedentes penales y los policiales. Claro que estamos hablando de una estrecha colaboradora de Santos Cerdán que tendría que haber dimitido por haber adjudicado contratos a Cerdán cuando ella ejercía de consejera en Navarra.
La contratación apresurada de personal para afrontar la avalancha, los cursos de tres días para gestionar la regularización, el malestar de los funcionarios de Extranjería por la sobrecarga de trabajo y la alarma que ha generado el proceso en los países de la Unión Europea son pruebas de la incompetencia dolosa de un Ejecutivo que no cesa en su empeño de destruir el Estado del Bienestar y la misma noción de España. Hay países de la UE dispuestos a cerrar sus fronteras al pasaporte español ante la tropelía que ha comenzado a perpetrar el sanchismo al convertir España en el gran agujero negro de Europa y en un auténtico coladero para las mafias africanas.
Si la idea de abrir las puertas a quinientos mil irregulares sobre el papel que en realidad serán más de millón y medio es un auténtico suicidio, la ejecución de esa misma idea es un desastre que agudizará las discriminaciones y facilitará el cómodo deambular de miles de delincuentes por España y si la UE no lo remedia, por el resto de Europa.
Los argumentos del Gobierno para cometer semejante barbaridad no tienen nada de humanitario y mucho de puro y cínico cálculo electoral. De ahí los vivas a Sánchez en las colas en los consulados y las muestras de agradecimiento al Ejecutivo que no tiene el más mínimo reparo en priorizar a los recién llegados en los servicios sociales, que lleva a cabo un efecto llamada sin importarle las consecuencias, que promete a los irregulares no sólo papeles sino toda clase de prestaciones, económicas incluidas, sólo por vivir en España sin aportar nada.
Es totalmente falso que el Estado del Bienestar dependa de la contribución de los inmigrantes. Es más bien todo lo contrario. El colapso de los servicios sociales ya no es un riesgo, sino una realidad. El Estado del Bienestar se basa en la transferencia de los que más tienen a los que menos y es obvio que España atrae un tipo de inmigración que no se distingue ni por su cualificación profesional ni por su riqueza. Es falso también que la aportación de los inmigrantes sea la base del crecimiento económico y que el perfil de la inmigración sea eminentemente laboral. Y ya resulta el colmo del cinismo que se diga que la gestión del Gobierno en materia de inmigración es la correcta desde los puntos de vista económico y humanitario.
La operación puesta en marcha por Pedro Sánchez tendrá graves consecuencias en todos los órdenes, desde la seguridad ciudadana a los servicios sociales y el ámbito laboral. Forma parte de ese legado siniestro del sanchismo, una forma de autoritarismo sustentada en el odio a más de la mitad de los españoles.