La deuda pública española roza ya el 90% del PIB, un nivel no visto en España desde principios del siglo XX. En concreto, el conjunto de las Administraciones Públicas acumuló un endeudamiento de 922.828 millones de euros el pasado trimestre, equivalente al 88,2% del PIB. En los últimos doce meses, la deuda ha crecido en 148.000 millones, un 19% interanual, aproximándose así al nivel previsto inicialmente por el Gobierno para todo el ejercicio (91,4% del PIB).
El actual nivel de deuda y, lo que es aún más importante, el brutal ritmo de crecimiento que sigue registrando esta partida ponen de manifiesto, una vez más, que la tan cacareada austeridad sigue siendo un mito que tan sólo reside en la palabrería del Gobierno y en las denodadas críticas de la oposición. El sector público sigue gastando mucho más dinero del que ingresa por vía fiscal, lo cual, unido al coste del rescate bancario, ha terminado disparando la deuda hasta un nivel muy peligroso. No en vano, el creciente coste de los intereses no deriva del aumento de la prima de riesgo y, por tanto, de la presión de los malvados especuladores, sino del ingente volumen de deuda acumulado, consecuencia directa de una clase política irresponsable y manirrota.
De ahí, precisamente, que no tenga ningún sentido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insista en llevar a cabo una receta cuyos resultados han sido nefastos. El PP, ahora de la mano del PSOE tras el pacto acordado con Rubalcaba, presionará a Bruselas para que suavice aún más los imprescindibles ajustes que debe llevar a cabo España para conseguir eliminar la brecha presupuestaria. Tras retrasar una vez más el cumplimiento de los objetivos de déficit, Rajoy insiste ahora en la necesidad de que la UE inyecte más dinero público en España para construir nuevas infraestructuras, subvencionar la contratación de jóvenes parados o tratar de reactivar el crédito. Es decir, una especie de Plan E, sólo que esta vez europeo. Por desgracia, el presidente parece no percatarse de que este tipo de fórmulas –más gasto y más deuda– no sólo no solventará los problemas estructurales de la economía nacional sino que, además, en caso de aprobarse, desincentivará la implantación de reformas y recortes que siguen siendo claves para mejorar la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de las cuentas públicas. La deuda pública ha crecido en más de 540.000 millones desde 2007, sin que ello haya contribuido a mejorar un ápice la crisis sino todo lo contrario.
Lo mismo sucede a nivel nacional. La deuda de las comunidades autónomas es la que más ha aumentado en el primer trimestre, casi un 30% interanual, hasta rozar los 190.000 millones, señal de que las Administraciones autonómicas aún tienen un largo camino por delante para poner sus cuentas en orden. Sin embargo, en lugar de presionar a los Gobiernos regionales para que culminen de una vez su necesaria reestructuración, Rajoy se dedica a negociar un déficit a la carta, cuyo efecto será desincentivar la aplicación de los ajustes pendientes a nivel autonómico. España sufre desde hace un lustro una grave crisis de deuda y, por tanto, la solución no es más deuda sino menos.