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Columna publicada el 10-11-2003
A menos de una semana de las elecciones catalanas, todas las combinaciones permanecen abiertas, y según las últimas encuestas, tan sólo un puñado de votos decidirá el nuevo gobierno catalán, quizá el primero en 25 años sin CiU en el Palau de la Generalitat. Aunque, salvo sorpresas de última hora –como un trasvase de votos desde CiU y el PSC hacia el PPC, o que el PPC consiguiera sumar una buena parte del todavía alto porcentaje de indecisos, para convertirse en la tercera fuerza política catalana–, parece que las posibilidades se reducen a dos: un gobierno de coalición entre CiU y los independentistas de ERC, o bien una reedición del "pacte de progrès" balear con el PSC, ERC e IU-IC.
Pero, en cualquier caso, el árbitro del futuro gobierno será Carod Rovira, el líder de ERC, quien pondrá un alto precio a sus escaños. Y no es necesario recalcar que buena parte de ese precio será una ulterior radicalización del discurso y de las políticas nacionalistas. Aunque hay que advertir que esa perspectiva no sería precisamente un obstáculo para Mas o para Maragall, quienes, cada uno a su manera, compiten en despropósitos incompatibles con la legalidad vigente para asumir la herencia de un cuarto de siglo de pujolismo en la Administración, en la educación y en la cultura, donde el nacionalismo se ha convertido en una suerte de "pensamiento único" expresado en la lengua, también única, de la "normalización lingüística.
Tanto es así, que, por ejemplo, para un internauta castellanoparlante, es imposible consultar en su lengua materna –que es la lengua oficial de España, no hay que olvidarlo, así como también la lengua materna de más de la mitad de los catalanes– los programas con los que concurren a las elecciones del próximo domingo las principales fuerzas políticas catalanas. Un claro síntoma de que, después de 25 años de adoctrinamiento nacionalista, so capa de "inmersión lingüística", el castellano es hoy una lengua proscrita tanto en la Administración catalana como en la política o en los colegios públicos, al igual que lo fue el catalán durante el franquismo. Tanto es así que en no pocas áreas de Cataluña, digan lo que digan los intelectuales orgánicos del catalanismo victimista –de CiU, del PSC o de Esquerra–, hablar castellano puede ser considerado una muestra de arrogancia o de mal gusto.
Puede entenderse –pero, de ningún modo, justificarse– que CiU y ERC, los dos partidos de confesión nacionalista, que se sirven del falso victimismo en torno a la lengua catalana como palanca para la construcción de un utópico Estat Català, quieran excluir el idioma español de su propaganda electoral en la red. Lo que ya no se entiende ni se justifica es que ni el PSC, ni IU-Iniciativa, versiones catalanas de partidos de implantación nacional, tampoco quieran que sus electores –en su inmensa mayoría castellanoparlantes– puedan consultar los programas en la lengua oficial de España.
Pero lo ya verdaderamente alarmante es que el PPC, la versión catalana del único partido español que tiene las ideas claras acerca del modelo de Estado, tampoco tenga disponible una versión en castellano de su web electoral. Probablemente, una de las muestras más llamativas de la herencia política y cultural de 25 de pujolismo es que ni siquiera la derecha nacional se atreve a prescindir del corsé de "corrección política" que ha impuesto el nacionalismo catalán. Y lo grave es que el PP ya ni siquiera sueñe en recuperar el discurso de Vidal Quadras –cuya cabeza política pidió Pujol como peaje para la investidura del primer gobierno de Aznar– o en atraer el voto no nacionalista que, hasta ahora, había capitalizado un PSC ya en la órbita nacionalista. La máxima aspiración de los populares catalanes parece ser –al menos así lo plantea Piqué– ejercer de partido-bisagra al servicio de CiU. Eso sí, només en catalá.

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