Los irresponsables bandazos en política económica del Gobierno no cesan: después de que el ministro de Fomento, José Blanco, se llevara este verano la palma en este terreno al anunciar que consideraba "excesivo" el recorte de 6.400 millones en infraestructuras que él mismo había aprobado escasos meses antes, ahora nos sale la ministra de Economía y Hacienda rectificando el Decreto de Medidas de Contención del Déficit que había aprobado el pasado mes de mayo, y que ya contenía, a su vez, una importante rectificación respecto a lo que había aprobado días antes el Gobierno en Consejo de Ministros.
Para que los lectores no pierdan el hilo con tanto bandazo, debemos recapitular: tras reconocer que estábamos en crisis y, se supone, que de aceptar más tarde que de esta no salíamos disparando el déficit y el endeudamiento con ruinosos Planes E, parecía que el Gobierno iba a tomarse en serio las advertencias de nuestros socios comunitarios sobre la necesidad de ajustar los gastos a los ingresos públicos. De ahí vienen, entre otros, el plan de recorte de infraestructuras de Blanco y el plan de contención del Déficit de Salgado, anunciados ambos en mayo. En este último plan, el Consejo de Ministros había decidido prohibir de forma inmediata a todos los ayuntamientos la solicitud de nuevos créditos. Sin embargo, tras las protestas de no pocos ayuntamientos renuentes a apretarse el cinturón, el Gobierno rectificó la fecha de entrada en vigor de dicha prohibición posponiéndola al 1 de enero de 2011. Esta irresponsable modificación, que Salgado tuvo la desfachatez de atribuir a un error del BOE, ha servido para que no pocos ayuntamientos se lanzaran a pedir nuevos créditos, sabiendo que a partir del año que viene ya no podrían hacerlo.
Sin embargo, ahora Salgado nos anuncia una nueva y aun más irresponsable rectificación de su plan, por la que los ayuntamientos con una deuda inferior al 75% de sus ingresos sí podrán seguir pidiendo créditos. Aunque, entre las grandes ciudades, sólo Barcelona y Sevilla están por debajo de ese umbral de endeudamiento, esta rectificación no deja de ser un coladero para que los ayuntamientos prosigan por la suicida senda de vivir por encima de sus posibilidades, endeudando todavía más a sus ciudadanos y obstaculizando las posibilidades de recuperación económica.
Si la imagen del Gobierno, modificando constantemente y a peor, su política económica es patética, no menos lamentable es la imagen que, desde el PP, está dando, sobre todo, Alberto Ruiz-Gallardón. El consistorio que preside este "verso suelto" del PP es el más endeudado de España. Sólo él acapara el 50% de la deuda total de las capitales de provincia, con una deuda que supera nada más y nada menos que el 148% de sus ingresos. Con esta irresponsable política de gasto público, Gallardón no sólo está endeudando hasta las cejas a los ciudadanos madrileños, al tiempo que les causa no escasas molestias con sus faraónicas obras, sino que está neutralizando la propia crítica de su partido al Gobierno por su escasa austeridad y determinación a la hora de apretarse el cinturón.
Claro que no menos bochornosas han sido, en este sentido, las declaraciones del secretario de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, quien, en lugar de denunciar el irresponsable coladero que conlleva esta última modificación de Salgado, da la impresión de que le parece insuficiente. Así, Moreno ha acusado a Salgado de "faltar a la verdad" porque la "mayoría" de los municipios grandes "no se va a beneficiar" de la modificación del decreto. Asimismo, Moreno ha explicado que una gran mayoría de los municipios de más de 100.000 habitantes tienen un nivel de endeudamiento de más del 75% por lo que no podrán pedir nuevos créditos. Vamos, como si lo deseable fuera que no hubiera límites al endeudamiento de las administraciones (¿dónde quedó toda la saludable retórica favorable al déficit cero del PP?).
Por mucho que a estos políticos, que piensan más en el bolsillo de los administradores que en los de los ciudadanos, les parezca un "beneficio" seguir endeudándonos, lo que es un hecho es que los ayuntamientos no pueden quedar al margen de los planes de austeridad y de control del gasto que pide a gritos nuestra economía. Que los consistorios puedan seguir viviendo por encima de sus posibilidades, puede ser un provecho para los políticos y sus redes clientelares, pero no lo es en absoluto para los ciudadanos. Sin embargo, ya ven, aquí el PP y el PSOE parecen que compiten para ver quien es el más irresponsable.