Al desprecio con que los nacionalistas tratan los actos que cada año se celebran en el Congreso de los Diputados para conmemorar la Constitución, el ayuntamiento de Barcelona ha añadido en esta ocasión su propia afirmación anti-española acosando a un grupo de afiliados al PP que repartían ejemplares de la Carta Magna en la Plaza de Cataluña. Esta situación, más propia de un país bajo un Gobierno autoritario que de un Estado de Derecho, demuestra que la ofensiva de los separatistas contra España no se ha visto en absoluto afectada por la crisis económica.
Tal y como demuestran las últimas declaraciones racistas y xenófobas del ex presidente de la Generalidad y de Joan Puigcercós a propósito de los latinoamericanos (presión asfixiante para Cataluña, según Pujol) y en general de todos los inmigrantes (el presidente de ERC opina que los derechos políticos deben depender del conocimiento del catalán), las dificultades por las que pasa la economía nacional están siendo usadas por algunos para recrudecer su retórica excluyente.
Lo que en cualquier otro país europeo sería condenado como un ejercicio de nacional-populismo o neofascismo, es tristemente ocultado en España por la mayoría de medios de comunicación afines a la izquierda en virtud de esa peculiar e hipócrita doble barra de medir la incorrección política dependiendo del emisor del discurso, y no de su contenido.
Que la celebración de la democracia y la reivindicación de la igualdad de derechos sea considerada un problema de orden público por algunas autoridades catalanas coloca a esta región de España en una situación de excepcionalidad en el ámbito de las naciones democráticas. Debemos reiterar que sólo la exigencia de cambios políticos por parte de la ciudadanía puede frenar la deriva autoritaria de los nacionalistas, asistidos y apoyados por los socialistas, más preocupado por insultar a sus adversarios que por poner coto a los desmanes del PSC. Por cierto, la cabeza de lista de este partido por Barcelona en las últimas elecciones generales, la actual ministra de Defensa Carmen Chacón, se ausentó de las celebraciones oficiales del sábado con la excusa de unas vacaciones familiares.
En cuanto al País Vasco, la apuesta de Eusko Alkartasuna por cortejar el voto proetarra en las próximas elecciones vascas, que de nuevo se celebrarán bajo la amenaza de los terroristas y la pasividad de los nacionalistas, demuestra que la mejor hipótesis para explicar la persistencia en esa región de un grupo armado nacional-bolchevique es la que relaciona sus actividades delictivas con los beneficios obtenidos por la oligarquía formada por buena parte de los militantes de los partidos nacionalistas mal llamados "moderados".
En este estado de cosas, propuestas como la de UPyD y las últimas declaraciones de Mariano Rajoy, quien coincide con Rosa Díez en propugnar reformas legales a favor de la nación española, los derechos individuales y la igualdad de los españoles, son la respuesta más adecuadas para proteger la libertad de los ciudadanos ante la enésima ofensiva nacionalista. Sin embargo, no parece que la llamada al consenso de Rodríguez Zapatero pase por recoger estas iniciativas, sino más bien lo contrario, tildarlas de radicales mientras se les ofrece a los nacionalistas un nuevo pacto político para sostener a su débil e ineficaz Gobierno.
Como demuestra la conducta intolerable del ayuntamiento de Barcelona presidido por Jordi Hereu, del PSC, para los socialistas todo vale con tal de mantenerse en el poder. Para los nacionalistas también. A día de hoy España sigue encabezando la factura de los separatistas al PSOE. Nadie debería olvidarlo.