El presidente de turno de la Unión Europea, el luxemburgués Jean Claude Juncker, acaba de afirmar que es imprescindible alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras de la UE 2007-2013 –los presupuestos comunitarios para ese periodo– para devolver la confianza en la Unión y evitar lo que ha calificado como una “crisis duradera”. A Juncker no le falta razón puesto que si después del rechazo a la Constitución europea de Francia y Holanda, de la previsible repetición de la negativa en otros Estados miembros, como Polonia y Dinamarca, y del aplazamiento del referéndum sobre esta cuestión en el Reino Unido, lo único que le falta ahora al proyecto de construcción europea para venirse abajo definitivamente es que el acuerdo sobre las finanzas comunitarias tarde en llegar.
No obstante, ese acuerdo es una condición necesaria, pero no suficiente, para evitar esa “crisis duradera” a la que se refiere Juncker. Para ello, hace falta algo más, algo a lo que, precisamente, están renunciando los principales Estados miembros de la UE. Una de las cualidades fundamentales de todo presupuesto, que es lo que son las perspectivas financieras, es que permite llevar a cabo a través de él una función redistributiva de renta entre territorios y personas, lo que consolida la unidad y cohesión interna de un Estado o de la propia Unión Europea. Por este motivo, por ejemplo, es tan importante que en España el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no rompa el principio de solidaridad interterritorial sobre el que se ha construido la financiación autonómica. Pues bien, uno de los problemas que han tenido siempre las cuentas públicas de la UE es el escaso peso de las partidas que deben financiar esa cohesión territorial, ya que la parte del león de los dineros comunitarios se la ha llevado, se la lleva y se la seguirá llevando la política agrícola común (PAC). Este problema, lejos de solucionarse en las perspectivas financieras 2007-2013, se agrava.
Para que los presupuestos de la UE puedan llevar a cabo esa política de cohesión que haga más Europa, necesitan ver aumentada de manera drástica la cantidad de dinero destinado a este fin. Sin embargo, esta partida representará en 2013 tan sólo el 13% de los gastos comunitarios totales, mientras que la PAC se llevará el 36%. Los Estados miembros más avanzados, por su parte, no están dispuestos a poner más dinero encima de la mesa para alcanzar este fin, sino todo lo contrario. Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido y España insisten en que el techo de gasto se fije en el 1% del PIB de la UE, frente al 1,27% actual. Es decir, nadie quiere rascarse el bolsillo para construir Europa y, sin más dinero, es prácticamente imposible.
Además, a partir de 2007, la mayor parte de los recursos destinados a la política de cohesión y solidaridad territorial irán a parar a los diez países que ingresaron en la UE este año y a Bulgaria y Rumanía, que se prevé que se adhieran en 2007, mientras que los actuales beneficiarios de esos dineros van a ver recortada sustancialmente las cantidades que han estado recibiendo en los últimos seis años, algo que no acaba de asumir el Gobierno de Zapatero, que ha diseñado su estrategia presupuestaria para la legislatura contando con unos fondos europeos que no va a obtener. Pero, aunque se va a producir ese cambio lógico en los beneficiarios de los fondos estructurales y de cohesión, éstos no van a percibir tanto dinero como el que han obtenido en el pasado los que abandonan esa condición: el gasto por cada residente en los países y regiones con derecho a recibir esas ayudas cae un 23% respecto al periodo 2000-2006. Es decir, solidaridad con los nuevos, pero menos.
