El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado la preparación de un conjunto de medidas fiscales para estimular la incorporación de los parados a un puesto de trabajo. Pero no se trata de políticas encaminadas a subvencionar de una u otra forma a las empresas que los contraten, ni de bonificaciones, ni nada por el estilo. No. En lo que consisten es en desgravaciones fiscales para los parados que empiecen a trabajar.
Bajo esta idea subyace el análisis de que una de las principales causas del desempleo en España es que los parados, o al menos grupos concretos de ellos, carecen de incentivos para buscar y encontrar un puesto de trabajo. Por tanto, la forma de quebrar esa situación es proporcionarles esos incentivos.
El análisis que hace Montoro, en general, es correcto y la solución que propone es adecuada para un conjunto de casos. Y es que en España hay provincias en donde escasea la mano de obra y tienen que contratar a inmigrantes o pagar salarios muy altos, mientras que en otras hay trabajadores de sobra, tantos que las tasas de paro superan con creces la media nacional. Lo lógico, por tanto, sería que los parados se trasladaran a aquellas zonas en donde falta mano de obra, pero la realidad no es así porque hay factores sociológicos, como el apego a la tierra y la falta de disposición del 65% de los desempleados a cambiar de residencia para encontrar un empleo, y factores económicos como la carestía de la vivienda que juegan en contra. Desde esta óptica, por tanto, los incentivos que quiere arbitrar Montoro funcionan en la dirección adecuada.
No obstante, conviene recordar que la duración de las prestaciones por desempleo es demasiado larga y su cuantía muy generosa, y eso lo que incentiva es a permanecer en paro. Por tanto, la mejor forma de combatir esta situación no es con una reforma fiscal sino con la del subsidio de paro. Esto es especialmente aplicable en Andalucía y Extremadura, las regiones donde se concentra el mayor número de parados y de las que casi nadie se quiere ir a trabajar a otra parte. ¿Motivo? Porque muchos de ellos disfrutan del PER (mal denominado plan de empleo rural porque se trata de ayudas al parado, no a la creación de trabajo), esa ayuda que se da no se sabe muy bien porqué con trabajar unas pocas semanas en el campo y que sirven de complemento a otros ingresos, como el trabajo de las tierras propias, que obtienen sus beneficiarios. El PER, por tanto, es el problema y la solución es su supresión, no la aprobación de medidas fiscales mientras haya este tipo de prestaciones.
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