La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha descubierto un fraude de cien millones de euros en los 650 millones entregados por la Unión Europea en 2001 para financiar los cursos del Forcem, unos dineros que gestionan los sindicatos y la patronal. Pero esto no es nada nuevo.
En los juzgados hay bastantes denuncias por fraude en la utilización de esos recursos, muchas de las cuales están pendientes de sentencia. Por tanto, lo que han descubierto ahora la Policía y la Fiscalía no es nuevo. Estaba ahí desde hace años, denunciado por quienes no se beneficiaban de esos recursos, bien porque no se les permitía gestionarlos, caso del sindicato agracio COAG, bien porque no resultaban adjudicatarios de los contratos de formación y provisión de materiales para los cursos financiados con cargo al Forcem. Sin embargo, hasta ahora no se había hecho nada al respecto a pesar de que el fraude era más que evidente y que ha saltado a los titulares de los periódicos en repetidas ocasiones. En consecuencia, hay que dar la bienvenida a estas actuaciones de la Justicia y preguntarse por qué no se han llevado a cabo antes.
La cuestión es importante porque durante años, al analizar la utilización que ha hecho España de las ayudas de los fondos europeos, especialmente los que gestionan la patronal y los sindicatos -Forcem, Fondo Social Europeo, etc.-, la Unión Europea encontraba con facilidad que no se habían empleado los recursos como se deberían haber utilizado y exigía su devolución. Ésta corría a cargo del Gobierno, que luego no reclamaba ese dinero ni a los sindicatos ni a la patronal porque, según se dice, esos recursos constituyen una fuente importante de financiación de estas entidades. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado y esos fraudes han empezado a investigarse en serio y a entrar en la Audiencia Nacional.
Es inevitable pensar, por tanto, que todo esto está relacionado con la huelga general del 20-J que convocaron los sindicatos para desgastar al Gobierno del PP, aunque el Ejecutivo nunca lo reconocerá. En cualquier caso, para las centrales sindicales, que siempre han tenido problemas financieros, empieza a planteárseles un serio problema, especialmente a una UGT que todavía tiene que afrontar las consecuencias dinerarias del fiasco de la PSV. El golpe va a ser duro para ellos, pero eso no es injusto. Lo injusto es que unas organizaciones con una representación que apenas llega al 18% del total de trabajadores tengan que subsistir gracias a las ingentes cantidades de dinero público que se les transfiere todos los años a través de los presupuestos en vez de adaptar sus gastos a la realidad de sus ingresos por cuotas y por actividades propias de los sindicatos, como la asesoría jurídica laboral. Si lo hicieran, ni contarían tanto poder ni contarían con estructuras administrativas y de personal tan importantes como las que tienen en la actualidad. Por consiguiente, no hay ningún problema por el hecho de que ahora se investiguen y se vayan a juzgar los fraudes cometidos con los recursos que los sindicatos han gestionado. La cuestión es por qué no se ha hecho antes.
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