Cada vez que se aportan cifras en el debate de la inmigración descontrolada e ilegal, aparece alguien desde la izquierda para llamar racista a quien se atreve a dar datos. Pues bien, estas son las cifras del coste en integración de menas que la izquierda considera que deben ser censuradas y que la población, evidentemente, tiene todo el derecho del mundo a conocer. España lleva gastados más de 2.000 millones de euros desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en integración de estos menores no acompañados. Y es que, sólo en los últimos años, España ha recibido cerca de 28.000 menores inmigrantes y tan sólo ha conseguido devolver 41. Ninguno de ellos, por cierto, a la "colaboradora" –según el Gobierno– Marruecos.
Hay que tener en cuenta que la competencia directa y la tutela legal de los menores extranjeros no acompañados (MENA) recaen sobre las Comunidades Autónomas, a través de sus servicios de protección de menores. Es decir, que pese a que el control de las fronteras es una competencia nacional, el resultado de su descontrol, lo financian las autonomías. Dicho de otra manera, cada vez que el Gobierno incumple su obligación de evitar la inmigración ilegal, lo pagan las CCAA.
Pese a ello, el Gobierno central destina periódicamente partidas extraordinarias, fondos de compensación y subvenciones específicas para apoyar –en teoría— a los territorios más sobrecargados (como Canarias, Ceuta, Melilla o aquellas regiones que participan en los mecanismos de acogida y traslados).
La evolución de estas partidas y transferencias presupuestarias aprobadas por el Estado desde 2018 ha recogido los siguientes pagos principales:
2018: El Ejecutivo aprobó un Real Decreto dotado con 40 millones de euros con carácter excepcional para apoyar a las Comunidades Autónomas en materia de atención y acogida solidaria de estos menores ante los picos de llegada registrados en aquel ejercicio.
2019 – 2021: Durante este periodo se sucedieron diversas ayudas canalizadas a través de créditos de los ministerios competentes (Sanidad, Derechos Sociales o Infancia). Muchas veces, esos pagos incluyeron subvenciones directas o fondos de contingencia sujetos a la evolución de los flujos migratorios. Pese a ello, la falta de transparencia hace muy complicado saber de forma homogénea todos los pagos de esos años.
2022 – 2024: El Gobierno de Sánchez estableció partidas anuales recurrentes de 20 millones de euros específicas para sufragar los traslados y la reubicación de menores desde los territorios de primera llegada (especialmente Canarias, Ceuta y Melilla) hacia el resto de Comunidades Autónomas, acumulando un total de 60 millones de euros en ese trienio. A esto se suman otras líneas de subvención de carácter estructural y de atención inmediata de más difícil cuantificación, de nuevo, por falta de transparencia.
2024 – 2026: En los últimos años se han aprobado de forma recurrente partidas anuales como la de 35 millones de euros acordada en Consejo de Ministros y distribuida a través de la Conferencia Sectorial para la atención de la infancia migrante y el apoyo a las regiones más "tensionadas".
Asimismo, se han lanzado programas específicos de empleo y formación (como las iniciativas de tipo TándEM impulsadas por el Ministerio de Trabajo) dotadas con más de 25 millones de euros dirigidas de forma exclusiva a la inserción laboral de jóvenes extutelados (tanto menores como mayores de edad que pasaron por el sistema de protección).
Hasta aquí los gastos centrales, que pueden rondar los 200 millones de euros. Vamos ahora con los gastos de las Comunidades Autónomas, que se disparan con facilidad hasta cerca de 2.000 millones. El gasto total ejecutado por las Comunidades Autónomas no cuenta con una única partida, ya que la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA) se integra dentro de los presupuestos ordinarios de los servicios autonómicos de protección de menores de cada región (lo que incluye plazas residenciales, personal especializado, equipos técnicos, escolarización y asistencia jurídica).
Pese a ello, las estimaciones sectoriales, los informes de costes de plaza (que se sitúan de media entre los 3.000 y los 5.000 euros mensuales por menor, pudiendo rebasar los 9.000 euros en centros con necesidades de atención especializada) y los datos globales de los sistemas de protección autonómicos reflejan las siguientes magnitudes aproximadas por años:
2018: La información procedente de las distintas CCAA llega a acumular partidas de gasto de hasta 300 millones de euros.
2019 - 2021: Esas mismas partidas ascienden a cuantías agregadas de entre 350 y 450 millones de euros anuales en el conjunto de los servicios de protección regionales.
2022 – 2023: El volumen crece fruto de la entrada de más menores: se superan los 450 - 500 millones de euros anuales debido al encarecimiento de los costes de plaza y la presión asistencial.
2024 – 2026: Más de 600 - 700 millones de euros anuales combinados y las autonomías denuncian de forma recurrente que los fondos estatales cubren solo una pequeña fracción del coste total.
Lo cierto es que el coste real total soportado por los Gobiernos autonómicos supera ampliamente las transferencias recibidas del Estado. Mientras que las subvenciones del Gobierno central se mueven habitualmente en una horquilla de entre 20 y 60 millones de euros anuales para apoyo extraordinario y traslados, el montante restante para sostener la red de centros y la atención integral corre a cargo de los presupuestos propios de cada comunidad autónoma.