Pacto se ha convertido en la palabra de moda, en el nuevo tótem de la sociedad española. Es como una palabra mágica que, con sólo pronunciarla, suscita todo tipo de esperanzas entre una sociedad española tan castigada por la crisis. Como si fuera la panacea universal contra todos los males, o el bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura. Y es que a falta de propuestas concretas y soluciones por parte de los partidos políticos, los españoles creen que un acuerdo entre el Gobierno y la oposición servirá para sacarnos de la crisis. Muchas voces se hacen eco de ese sentir y piden a ambas partes del espectro político que se sienten y acuerden algo. Incluso Zapatero ha ofrecido un pacto este fin de semana a ese Rajoy con el que dijo después del verano que se iba a reunir y todavía no le ha llamado. Así es que el dichoso vocablo lo llena todo, pero quienes lo piden no dicen en torno a qué hay que llegar a acuerdos. Es como si la salida a todos nuestros graves problemas socioeconómicos estuviera en el pacto en sí, y no en su contenido; como si por el hecho de que socialistas y populares por una vez puedan ponerse de acuerdo en algo, nuestras penas, que son muchas y muy dolorosas, fuesen a desaparecer como por arte de magia. Nada más lejos de la realidad y nadie debe llamarse a engaño en este sentido. Otros pactos, los de La Moncloa, que mucha gente tiene ahora en mente, fueron útiles porque estaban dotados de contenido, de cosas que necesitaba verdaderamente nuestro país en aquellos momentos harto complicados de la transición política. Y fue precisamente el contenido, y no el hecho del acuerdo en sí mismo, lo que nos permitió seguir adelante.

Que hoy puede ser necesario un pacto, no me cabe la menor duda. Pero un pacto para hacer lo que hay que hacer, un pacto para poder defender un discurso de sangre, sudor y lágrimas y poner en práctica las políticas que justifiquen semejante sacrificio. Por ejemplo, la reforma laboral. Ese acuerdo debe incluir, necesariamente, la liberalización del mercado de trabajo, y los principales partidos políticos deben hacer frente común en su defensa, tanto para explicar a la sociedad la verdadera importancia para crear empleo de esas medidas –para enviarle un mensaje alto y claro de que no hay más salida que ésa– como para hacer frente a unos sindicatos que campan tranquilamente por sus respetos y que, por razones ideológicas, se niegan a todo lo que de verdad puede sacarnos del inmenso agujero en el que estamos metidos. O un pacto no sólo para reformar en profundidad las finanzas públicas y reducir el gigantesco déficit presupuestario que amenaza con llevar al país a la suspensión de pagos, sino el propio modelo de Estado, visto que esto de las autonomías ha resultado un verdadero disparate ruinoso, en el que los intereses particulares de los políticos regionales impiden el despliegue de las verdaderas políticas nacionales que se necesitan para superar la crisis.

El pacto, pues, resulta del todo punto necesario desde esta perspectiva y le corresponde al Gobierno proponer buena parte de su contenido, ya que para eso está. A la oposición, por su parte, le toca complementar lo que el Ejecutivo ponga encima de la mesa y, sobre todo y como ocurrió con los Pactos de la Moncloa, comprometerse a no utilizar las medidas que haya que tomar como arma política para desgastar al Gabinete, o, en el caso de los nacionalistas, como moneda de cambio para seguir arrancando al Estado lo poco que le queda ya. Con estas coordenadas, ese acuerdo de verdad servirá para sacar al país adelante.

Lo que el pacto no puede ser, sin embargo, es la excusa para distribuir entre todos las culpas y la responsabilidad de una crisis que sólo le corresponde al Gobierno, para hacer a la oposición cómplice de una política económica que sólo sirve para conducirnos al desastre; lo cual implica la necesidad por parte del Ejecutivo de cambiar de actitud en la forma y el fondo de su acción política. De la misma forma, la ausencia de pacto no puede ni debe servir de justificación para no hacer lo que hay que hacer. Al Gobierno le corresponde gobernar, valga la redundancia, y asumir el coste de sus decisiones, como de sus errores. Si la oposición, por estrategia política o por la razón que sea, no quiere subirse al carro, siempre que éste esté lleno de propuestas lógicas y acertadas, será su problema y los electores ya sabrán en su momento pedirle a cada uno las cuentas que le corresponden. Pero eso no es asunto del Gobierno, ni puede servirle de excusa para seguir con el ejercicio de dejación de funciones que viene realizando desde que comenzó la crisis, en unos casos por razones ideológicas y, en otros, porque ZP no quiere asumir el coste político de las decisiones que hay que tomar para resolver un problema que él ha contribuido a crear en gran medida.