Cómo decidir la subida de los funcionarios

Andamos estos días todos revolucionados por el anuncio que ha hecho el Gobierno al respecto de la revisión salarial de nuestros empleados, los empleados públicos. Estos, porque les supone una pérdida de poder adquisitivo; los que no lo somos, porque parece injusto que en un entorno de recesión en que lo que está en duda es, no ya la subida de sueldo, sino el propio sueldo, haya un colectivo favorecido a costa de nuestros impuestos.

Como es sabido, la propuesta del Gobierno se sitúa en 2-3% de subida, frente al 5,3% de inflación interanual (medida por el IPC) que hemos tenido en agosto. Todo ello lleva a preguntarse si este mecanismo de revisión salarial es justo, sobre todo en comparación con lo que ocurre en la empresa privada. La respuesta nos la da la teoría económica.

En un mercado libre, una inflación del 5%, esto es, una subida de precios generalizada por esa cantidad (que solo se puede dar por mayor emisión de moneda) se traduciría en el corto plazo y de forma inequívoca en una subida de los salarios por el mismo porcentaje. Esto es así porque el precio de los factores de producción sigue al de los bienes de uso: los beneficios extraordinarios se terminan trasladando a una mayor retribución de los factores debido al proceso competitivo por los recursos.

Como desgraciadamente nuestro mercado real dista de ser libre, esto no sucede en absoluto, y la inflación no se traslada así de automáticamente a los sueldos de los empleados privados.

Pero, ¿qué pasaría con los funcionarios? La actividad de los funcionarios no se guía por el mercado. En estas condiciones, no existe un precio de mercado para el bien de uso que ellos producen. Hay algunos economistas que califican directamente de waste, desperdicio de recursos, esta actividad, precisamente por no estar orientada por las preferencias de los individuos, sino por otros criterios.

Al no existir un precio de mercado para el bien producto de su actividad, no hay forma de determinar su retribución a partir de su producción, como sí ocurre con los empleados en actividades del mercado. Dicho de otra forma, el salario de los funcionarios y demás empleados de la Administración Pública es completamente arbitrario, pues el mercado no valora su producto. Por supuesto, se puede establecer un sueldo a partir de los de aquellos empleados privados que desempeñan actividades que se puedan considerar similares, pero el problema sigue existiendo.

Llegados a este punto, resulta evidente que es imposible que la inflación se traslade por vía del mercado al sueldo de los funcionarios, como sí ocurriría con el de los trabajadores de las empresas (en un mercado libre).