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Fernando R. Genovés

Derecho de autodefensa

De momento, el ciudadano que defendió familia y propiedad con sus propios recursos ha sido imputado y está en manos de la Justicia

En este país, de cuyo nombre todavía quiero acordarme, España, desde hace unos años resulta políticamente incorrecto, casi prohibido, hablar de seguridad y, sobre todo, de libertad. Sucede que nuestra casa común (antaño Nación) ha sufrido un asalto por parte del socialismo realmente existente (sorprendentemente existente a estas alturas de la historia de la humanidad). Desde entonces, los nuevos ocupantes, compañeros, y sin embargo amigos, del Comandante, han mandado callar. No obstante, con la venia de la autoridad reguladora, y sin faltar a la verdad, es preciso seguir hablando de bienestar, de seguridad, de libertad. De lo verdaderamente importante para los hombres.
 
Hace una semana, la sociedad española quedó impresionada (los medios utilizan la expresión”conmocionada”) por un hecho singular a propósito, justamente, de la vida, la propiedad y la tranquilidad de las personas, en particular, cuando se encuentran en el interior de su vivienda. El hecho singular que ha llamado tanto la atención no responde a un nuevo caso de allanamiento de morada, de irrupción en la propiedad privada, de intimidación y violencia contra las personas, de intento de robo y agresión y de otros estragos habituales, que para algunos, desde Departamentos de Ética y Filosofía Política de nuestras Universidades hasta el Ministerio del Interior, representan una forma más, entre otras, de progresar en el objetivo de la redistribución de la riqueza.
 
El suceso que refiero tuvo lugar en la localidad valenciana de Canals, donde una familia recibió de repente la inesperada visita en su hogar de un grupo armado compuesto por ocho sujetos con muy malos propósitos. Hasta aquí noticia de dominio público y nada de extraordinario. Lo que digo que ha impresionado de este episodio no es, entonces, el asalto mismo, sino el comportamiento del propietario y morador del domicilio violentado, por haberse defendido de los asaltantes con sus propios medios, empleando un arma de fuego con la que abatió a dos de ellos e hizo huir al resto. Las fuerzas de seguridad continúan buscando, sin éxito por el momento, a los que lograron escapar.
 
No sé si los temas de actualidad exigidos por la agenda primorosa de los políticos —el Estatuto pelma de Cataluña, los otros asaltos a Endesa, al Archivo de Salamanca, etcétera—, pasarán por encima de este suceso y lo solaparán pronto. De momento, el ciudadano que defendió familia y propiedad con sus propios recursos ha sido imputado y está en manos de la Justicia. Como reacción a esto, las alarmas suenan como siempre, tocando la misma vieja milonga: ¡a ver qué hace el Gobierno (ah, y las Comunidades Autónomas, que no se me olvide) para protegernos! ¡Más Policía, más vigilancia, más administraciones y, por ende, más impuestos! Si acaso, para el que pueda pagárselo, más guardas privados con perros adiestrados. ¿Significa esto la prueba superlativa de las políticas sociales de progreso?
 
Acaso vulnere la indiscutible preeminencia del interés público, la voluntad general y la intocable prioridad de lo social sobre lo particular (que el Pensamiento Único me perdone), pero me atrevo a afirmar que ya es hora de que en España empecemos a ocuparnos de asuntos serios y provechosos, como, por ejemplo, del derecho de los individuos a la autodefensa y, por qué no, a la posesión de armas de fuego. Ciertamente, con las reservas y puntualizaciones que exige la naturaleza delicada y aun riesgosa del tema, no menor, con todo, que la inherente al Estado y sus aparatos, ¡y tenemos que sufrirlos a diario!
 
Saco a relucir un tema tabú entre nosotros. Vale, pero hablo de una medida de protección más económica y en la práctica más segura y efectiva que las vigentes (o, mejor, con escaso vigor), y, ante todo, que propende a cultivar en los individuos la idea y el hábito de que no hay que preguntarse por norma qué puede hacer el Estado por los individuos, sino qué podemos hacer los individuos por nosotros mismos, no para el Estado.
 
No, no estoy crispado ni chispado. Sólo afirmo que estamos perdiendo tiempo y mucha energía en tratar sin tregua ni utilidad asuntos mezquinos y artificiales que sólo aprovechan a la cartera y la vanidad de los políticos. Mantengo que tenemos paralizada la discusión sobre los problemas reales, los cuales hay que liberar y concederles más dedicación; por ejemplo: el excesivo gasto público sanitario; el declive del sistema educativo y la miseria investigadora nacional; la abusiva tributación y los impuestos reaccionarios que nos reclaman las autoridades incompetentes; la corrupción política; la guerra actual contra el terrorismo islámico todavía sin concluir; la necesidad de avanzar en liberalización económica y en mayor privacidad de las personas; y, por qué no, una mayor libertad para la posesión de armas de fuego.
 
Que no echen mano los socialistas al interior de la chaqueta buscando lo que dicen reprobar ni se me ruboricen los populares por lo que digo. Estoy hablando simplemente de los derechos individuales del ser humano, de la seguridad, la autodefensa, el bienestar y la felicidad. Y, sobre todo, de la libertad.

En España

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