La semana pasada han ocurrido varias cosas que, aunque no tienen mayor importancia consideradas individualmente, ponen de manifiesto algunos de los graves problemas a los que se enfrenta hoy la universidad española. Una universidad que parece haber perdido el norte y no se da cuenta de que sólo tiene futuro si es capaz de introducir cambios sustanciales en su organización y gestión. Hace unos días tuvo lugar en todo el país una huelga en el sector de la enseñanza, que afectó también a la universidad. Aunque su seguimiento fue muy pequeño y la gran mayoría de los estudiantes la recibieron con la más absoluta indiferencia, puso de manifiesto la oposición de una parte del profesorado y –lo que es aun más importante– de muchos órganos de gobierno a cualquier programa de reducción de gastos y racionalización de los ingresos; y esto ocurre en una institución que, si algo necesita, es precisamente racionalización y sentido común. Casi al mismo tiempo tuvo lugar un boicot de la mayor parte de los rectores españoles a una reunión con el ministro por su oposición a un decreto, bastante sensato, por cierto, que trata de poner un pequeño parche en una crisis económica muy grave de la que parece difícil que la universidad pueda salir sin modificar de forma sustancial sus actuales estructuras.
Es evidente que con este decreto no se arreglan los problemas de una universidad. Cuando el país ha hecho un enorme esfuerzo en dotar de fondos a la institución universitaria y el resultado es que, de forma sistemática, ninguna universidad española ocupa un lugar destacado en el contexto mundial y en los índices más conocidos todas se encuentran más allá del número 200, parece claro que algo ha fallado... y, desde luego, sigue fallando. A lo largo de las últimas décadas se ha creado un número desproporcionado de centros universitarios, la mayoría de los cuales tienen unos niveles de calidad muy bajos; y, lo que es aun más peregrino, con ínfulas de convertirse en centros de investigación. Se duplican funciones y se mantienen titulaciones y departamentos sin un mínimo sentido de la oportunidad y sin importar lo más mínimo lo que le cuestan al contribuyente. Las consecuencias están a la vista. Como he dicho en algunas ocasiones, hemos conseguido una universidad en la que los alumnos no leen y los profesores no escriben. La oposición de los rectores a un artículo del decreto Wert, en el que se intenta recompensar de alguna manera a los profesores que pueden demostrar que han dedicado buena parte de su tiempo y su esfuerzo a investigar y publicar sus trabajos en revistas y editoriales internacionales de prestigio, es una muestra más de lo poco que importan a nuestras burocracias universitarias estas actividades.
En un artículo publicado recientemente en Libertad Digital Amando de Miguel se hacía eco de las declaraciones de un rector de una universidad española que, preguntado por el exceso de centros universitarios que existe en nuestro país parece que contestó: "Decir que sobran universidades es antisocial". Sorprendentemente a este buen señor no le parece antisocial quitar a todos los ciudadanos españoles una parte de sus ingresos para mantener centros de enseñanza irrelevantes que muy poco aportan a quienes los pagan.
No cabe duda de que la resistencia al cambio y a la modernización, por parte de determinados grupos de interés, va a ser numantina. Pero la reforma es necesaria. Es preciso abrir la universidad española a la sociedad y a la empresa y hacerla mucho más eficiente y competitiva. Hay que renunciar de una vez por todas al café con leche para todos, premiar a los mejores y dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes en aquellos centros y aquellas partidas que poco o nada aportan a nuestra sociedad. En pocas palabras, es el momento de empezar a ver de otra forma la universidad española. Para un ministro de Educación lo importante deben ser los ciudadanos, no los burócratas que hoy controlan nuestros centros universitarios.