No es sólo el caso de Jose Luis Moreno; en los últimos años se ha disparado la sensación de inseguridad de la sociedad española. El aumento de la criminalidad con el Gobierno Zapatero en España es patente. Mientras sus responsables nos enmarañan con cifras y estadísticas convenientemente cocinadas, un hecho resulta cada vez más claro; en los últimos años, los españoles se sienten cada vez más inseguros, no sólo en las calles, sino en sus propias casas. Ante la pasividad del Gobierno, se está instalando un terror silencioso entre los españoles que amenaza con ir a más.
Por un lado, el centro de las grandes ciudades se está degradando a pasos agigantados. Bajo el amparo de la multiculturalidad y la convivencia, barrios enteros se están convirtiendo en agujeros negros de delincuencia; prostitución, tráfico y consumo de drogas, ajustes de cuentas. Ya no se trata de pequeños hurtos o delitos menores; hablamos de crímenes en plena calle, asaltos salvajes a joyeros, razzias de bandas callejeras. Rige la ley de la selva, las comisarías están colapsadas de denuncias, y la policía no da abasto. A la falta de medios humanos y materiales se une la desidia legal; nunca como hasta ahora ha sido tan cierto el dicho de que se entra por una puerta y se sale por otra.
Por otro lado, fuera del centro de la ciudad el crimen se ha desatado cuantitativa y cualitativamente. Se caracteriza por no poner ningún límite a la violencia; ya no se trata de colarse en las casas para salir corriendo con el botín, sino de entrar por las bravas, torturar y asesinar para sacar el máximo beneficio. Algunas urbanizaciones del entorno de Madrid viven ya aterrorizadas, y con razón; los ciudadanos intuyen que, ante asaltos paramilitares, no hay seguridad que valga.
La Guardia Civil no da abasto para patrullar extensas zonas rurales. Aunque dadas las circunstancias su labor es mejor de lo esperable, los escasos medios humanos y materiales son aprovechados por bandas que cuentan con preparación y dinero y ningún escrúpulo. Sin darles los medios necesarios, las FSE llevan así las de perder.
Ante la pasividad del Gobierno durante toda la legislatura, cada vez hay más delitos, y cada vez son más violentos. Las comunidades autónomas a duras penas tratan de paliar una situación insostenible. Así, el Gobierno que en marzo salga de las urnas deberá acometer, sin dudarlo, las reformas necesarias.
En primer lugar, hay que dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los medios materiales y humanos necesarios para combatir este tipo de crimen. No se pueden escatimar esfuerzos. Y en segundo lugar, urge reformar la ley para adecuarla a esta nueva realidad. Agilizar los trámites judiciales, endurecer las penas hasta dónde sea necesario, o proceder a expulsar con urgencia a los criminales son medidas necesarias. Entre Alonso y Rubalcaba nos han hecho perder cuatro años. Lo que se haga a partir de ahora llegará con retraso, pero si el Gobierno que salga de las urnas se pone manos a la obra no será demasiado tarde.
