El discurso al "querido pueblo" marroquí pronunciado a través de televisión por Mohamed VI en la noche del 9 de marzo se ubica en el contexto de la respuesta que se esperaba de su parte a las revueltas árabes y a la amenaza de que una abierta rebelión se abra en Marruecos. El monarca ha tenido buen cuidado en tratar de presentar su intervención en otro contexto –para evitar dar a entender que hace concesiones ante los temores a posibles revueltas– pero surge de donde surge.

Para ello lo ha presentado como la respuesta que de él se venía esperando al proyecto sobre la regionalización del país preparado por una Comisión Consultiva de Regionalización dirigida por Omar Azziman. En realidad, el tono del discurso y algunos de sus pasajes demuestran que hay miedo y un intento desesperado por evitar revueltas mayores. Debemos de recordar en este punto que a partir de las manifestaciones del 20 de febrero se han celebrado otras más. A partir de ese día se produjeron escenas de gran violencia en lugares como Alhucemas o Fez. Las críticas son ya directas al Rey, y rompen con la práctica habitual de criticar al Gobierno pero nunca al jefe del Estado. Y son cada vez más visibles.

La necesidad de modificar el artículo 19 de la Constitución –que confiere al Rey enormes poderes–, ha sido reclamada en las calles y en los escritos de algunos opositores. Podría ser incorporada cuando se lleve a cabo la reforma constitucional a la que obligará la regionalización del país. Esta cuestión fue central en el discurso real.

La modificación de la Constitución queda en manos de una comisión que dirigirá el constitucionalista, Abdeltif Memmouni, y que deberá presentar sus resultados en junio para luego ser sometida a referéndum. La supuesta separación de poderes quedaría plasmada en dicho texto reformado. El Rey habló también de la creación de Consejos Regionales cuyos miembros serían elegidos directamente por la población, algo que de crearse quitaría o podría quitar poderes a los Walis o gobernadores, figuras representativas hoy del poder de la Monarquía y servidores fieles de esta. A la regionalización del país se llegaría a través de un proceso que supuestamente empezaría en el Sáhara Occidental, lo que en verdad es el último intento de someter definitivamente el territorio a la jurisdicción marroquí, vulnerando el derecho internacional. Propuesta ésta escasa para España, administrador del territorio y que no puede admitir una autonomía que Marruecos no tiene derecho a ofrecer.

Por lo demás, las promesas incluyen también referencias concretas a la independencia del poder judicial, la promesa de que en todo el proceso se contará con las opiniones de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones de jóvenes o de otros actores de la sociedad civil. Las prisas con las que se va a arrancar –al prometerse una constitución reformada dentro de tres meses– y el hecho de que vengan obligadas por la presión, nos obliga a ser desconfiados y cautos.

Marruecos va a remolque de la vecina Argelia donde se han hecho importantes promesas en ámbitos de la economía –facilidades en el acceso a las hipotecas y al empleo para los jóvenes, entre otras–. Las promesas desmesuradas que ahora hace en lo político Mohamed VI le obligan a mostrar ya desde los primeros pasos que los cambios van en serio. Es habitual en estas dictaduras que se hagan promesas que, al no cumplirse, hacen estallar importantes manifestaciones de ira, y es éste un escenario que no puede excluirse. Una población demasiado afectada ya por importantes lacras puede verse tentada, ante la inmovilidad de los corruptos gobernantes, a protagonizar estallidos como los de sus vecinos. El régimen de Mohamed está débil, y las reformas le vienen impuestas. Serán bienvenidas si son efectivamente aperturistas, pero contraproducentes si se quedan en la apariencia.