El legado de lucha contra ETA que recibió Zapatero de Aznar se basaba en dos principios. Primero, la contradicción insalvable entre una democracia y un grupo terrorista. Y segundo: un país que se respete a sí mismo no puede cometer la cobardía de sentarse a negociar con quien busca su destrucción. Pero el PSOE de Zapatero, Bono o Rubalcaba siempre ha considerado insuficiente el régimen constitucional-parlamentario; su mandato supondrá históricamente una involución institucional considerable. En cuanto a la nación española, la han considerado algo conservador y reaccionario. Así que nada hay más lógico que, con estas credenciales, se lanzaran a pactar con una banda antiliberal y antinacional como ETA.

Para ello, las instituciones debían ser forzadas y la nación engañada. Desde dentro y desde arriba: ésta es la esencia del caso Faisán, la traición por parte de los gobernantes. Los hechos materiales, lo suficientemente repulsivos, muestran a un policía entrando en el bar del etarra Elosúa, entregando un teléfono desde el que otro policía le avisa de que está siendo seguido y reconociendo que se trata de evitar que sus actividades saliesen a la luz y se demostrase que ETA no se rendía. Que se visualizara la mentira que repetían entonces el Gobierno, el PSOE y el diario El País.

Los hechos políticos son bastante más graves, y se enmarcan dentro del enfangamiento de las instituciones en los pactos del Gobierno con la banda. En primer lugar, está el escándalo de la cúpula de la policía nacional y del Ministerio de Interior, nuestros guardianes, colaborando con los terroristas para evitar su detención. Y es que desde 2004, la negociación está suponiendo un duro golpe para la imagen de la policía, tras cuyos uniformes Camacho y Rubalcaba siempre se han protegido.

En segundo lugar, el caso Faisán ha sido a su vez un duro golpe a la justicia. Con total descaro se ocultó al juez instructor el chivatazo hasta tres días después, se han borrado cintas de vídeo, y en una delirante maniobra, la Fiscalía expande la idea de que la no connivencia en los fines implica que no se colabora con la banda, presionando además a los tribunales competentes. Es decir, desde hace ocho años, el Gobierno está forzando a la justicia en sus tratos con la banda.

En tercer lugar, el propio Ejecutivo, que utilizó a la policía y manipuló a la justicia para poder seguir pactando con ETA, no sale limpio: primero por las mentiras de Rubalcaba. Tres: sobre la condecoración a uno de los implicados; sobre los videos manipulados; y sobre su conocimiento de la operación. El propio ministro Rubalcaba, hoy candidato, se convertía en cómplice en la ocultación de los hechos, y en la protección de los hoy imputados por colaborar con ETA. Es el primer Gobierno de la historia de España enfangado en un asunto así.

Por último, el espectáculo de la cúpula del Ministerio del Interior colaborando con ETA y siendo protegida por el mismo Gobierno tuvo como consecuencia la suspensión por parte de Francia de la operación contra el aparato de extorsión de la banda. La falta de seriedad, y la connivencia policial con la banda en España, provocan a su vez suspicacias en Francia: ¿por qué iban los franceses a luchar contra una banda que recibe mimos del Gobierno?

En fin: implicación de la cúpula policial en actividades delictivas; manipulación de la justicia para encubrir los tratos con la banda; implicación del Gobierno nacional en un escándalo de colaboración con ETA; y erosión de la imagen exterior y de la colaboración internacional contra la banda. Son cuatro consecuencias que nos retrotraen a los escándalos de los GAL y que se desprenden del caso Faisán. Pero que por desgracia no sólo de él. Y que es lógico: el Gobierno estaba abocado a forzar las instituciones, como lo sigue estando ahora, si quiere alcanzar un pacto con una banda que las desprecia, por constitucionales y por españolas. Hasta el 20 de noviembre, esto sigue siendo real. El caso Faisán sólo es el símbolo de una determinada manera de entender las relaciones con la banda terrorista.