El delegado del Gobierno en Canarias siente gran alivio por el hecho de que más de dos mil subsaharianos hayan arribado a las costas canarias en los últimos días. Es sin duda un alivio saber que esas personas no se han ahogado en el Atlántico, como muchos de sus compañeros, pero el delegado del Gobierno debería sentirse aún mucho más aliviado si su gobierno consiguiera que esos miles que llegan y esos cientos que se ahogan no embarcaran en las playas de Mauritania, el Sahara o Marruecos rumbo al archipiélago. Si el objetivo del delegado es simplemente que esas personas lleguen, será difícil solucionar la nueva crisis migratoria en la que nos encontramos.
Las cifras de los subsaharianos que se encuentran en Mauritania dispuestos a intentar llegar a España varían entre los 10.000 que calcula el Gobierno español, los 50 mil que calcula el Gobierno mauritano y los 500.000 que aventuran algunas organizaciones no gubernamentales. Probablemente la verdad esté en algún punto intermedio de todas esas cifras. Pero en todo caso la realidad es que hay millones de africanos cuyo sueño es poder llegar a Europa, se hayan puesto ya o no en camino.
El Gobierno tiene en todo caso cada vez más difícil negar la evidencia de que su política migratoria está teniendo un poderoso efecto llamada. En un momento en que todos los países europeos endurecen sus legislaciones para reprimir la inmigración ilegal, la política de papeles para todos del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha convertido España en la puerta del paraíso de los inmigrantes ilegales. Ejecutivos como los de Francia o Alemania han calificado esta política de "explosiva" e "irresponsable".
El Gobierno socialista ha optado ahora por una política de parches para hacer frente a una situación que desborda todas las previsiones. Se pretende repatriar a Mauritania buena parte de los recién llegados en función de un acuerdo firmado en su día por los gobiernos de Aznar. Se quiere además retomar la idea que en su momento criticaron en la Unión Europea de crear "campos de inmigrantes" en los países de tránsito. Se ofrece además ayuda a Mauritania para controlar sus fronteras.
Todo esto está bien, pero no es suficiente. Necesitamos una reorientación completa de nuestra política migratoria. Entrar ilegalmente en España tiene que ser un delito. Los inmigrantes ilegales no pueden campar libremente por nuestras ciudades a los pocos días de haber llegado a nuestro país. Una orden de expulsión no puede ser un salvoconducto para regularizar su situación.
Hay además que ejercer mucha más presión diplomática sobre los países emisores de inmigrantes ilegales para que readmitan a sus nacionales. La gira del ministro de Asuntos Exteriores por el África subsahariana fue un rotundo fracaso. El Gobierno socialista no sólo no logra firmar nuevos acuerdos, sino que ni siquiera pueda aplicar eficazmente los que heredó de los gobiernos del PP.
Las encuestas señalan que la sociedad española ha llegado a un punto de saturación respecto a la inmigración. Al poco de concluir un proceso de regularización que dio papeles a casi un millón de ilegales hoy tenemos otros millón de nuevos inmigrantes en situación de ilegalidad. Las encuestas señalan que el rechazo a los inmigrantes, especialmente a los africanos, es cada vez mayor en nuestra sociedad. O el Gobierno es capaz de contener la avalancha que se nos avecina o estaremos provocando un grave conflicto social en nuestro país.