Opinión
Noticias y opinión en la red

La lealtad sancionada

Durante años la “cuestión militar” fue uno de los problemas principales para garantizar el orden constitucional. Durante el siglo XIX y principios de XX se recurría a un “espadón” para resolver un cambio de “situación” ante la inoperancia de unas elecciones falseadas. Después llegarían los golpes de estado, actos corporativos de intervención en la vida política. El régimen de Franco fue el resultado de un golpe de estado y de una guerra civil y las Fuerzas Armadas fueron en todo momento uno de los pilares que garantizaron su estabilidad. De ahí que en los años de la Transición preocupara tanto su aceptación del nuevo orden constitucional y su encaje final en él. El papel jugado por el Rey y la inteligencia y el saber hacer de hombres como Gutiérrez Mellado, Quintana Lacaci, Liberal Lucini o Saénz de Tejada, por citar sólo algunos de ellos, hicieron posible la plena y perfecta integración, la solución de un problema que arrastrábamos desde hacía años.
 
El Teniente General Mena ha hecho unas declaraciones propias de un alto mando de nuestros días. Ha recordado que la Constitución tiene sus límites y que impone a las Fuerzas Armadas un mandato claro y definitivo, salido de la pluma del general Gutiérrez Mellado, sobre la defensa de la integridad del territorio y del orden constitucional. En sus propias palabras: "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional".
 
A nadie se le escapa que las palabras del Teniente General son muy representativas del sentir de la gran mayoría de nuestros jefes y oficiales, lo que debería alegrar a nuestros políticos. Después de un pasado tan complicado nuestras Fuerzas Armadas reivindican la Constitución y piden su cumplimiento.
 
Tan cierto es esto como que la autoridad del ministro Bono hace ya tiempo que se redujo a mínimos, por el uso abusivo de nuestros muertos en acción con fines políticos o de las propias Fuerzas Armadas en su permanente tensión con el Presidente del Gobierno. Bono es consciente de ello, pero confía en la disciplina interna para salir bien parado de su paso por el Ministerio.
 
Sorprende, una vez más, el papel jugado por el general Félix Sanz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Entre sus competencias no está la de proponer sanciones a un teniente general por hacer una encendida defensa de la Constitución, ni por ninguna otra cosa. Ese es un ámbito específico del ministro. Tratar de hacer méritos ante quien le ningunea habitualmente es, como poco, humillante.
 
La reacción del ministro es también significativa de los tiempos que corren. Ahora la preocupación del Partido Socialista no es que las Fuerzas Armadas acaten el orden constitucional, sino que acepten pasivamente su desmantelamiento, que no hagan honor al juramento que se les impuso. Bono puede utilizarlas para captar votos y presionar a su Presidente, pero nuestros generales no pueden recordar cuáles son los deberes que las Cortes Constituyentes les asignaron.
 
Estamos sencillamente ante otro acto dirigido a imponer un cambio de régimen, al que algunos generales parecen prestarse con tal de seguir disfrutando del dulce menosprecio del señor ministro.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.