En Colombia, Santos ha sido claro al anunciar cuál va a ser su política frente a las FARC: su aniquilación. Hereda de Uribe unas FARC a la defensiva, expulsadas de buena parte del territorio, pero que siguen tendiendo la mano al gobierno para lograr "la paz". Santos no es tan ingenuo. Si la política de seguridad uribista –de la que él, además, es artífice– ha funcionado para causar daños a la criminal banda, lo más lógico es continuar con ella hasta que los miembros de las FARC estén en la cárcel, huidos o muertos. No es verdad que en Colombia haya que buscar la reconciliación para acabar con la violencia de las FARC; acabar con las FARC es la única forma de conseguir la reconciliación.
En nuestro país, el Gobierno ha elegido un camino bien distinto. En el caso español, Zapatero partía de una posición infinitamente mejor, no sólo en términos absolutos –ETA nunca ha sido las FARC–, sino en términos relativos, pues la banda nacionalista vasca se encontraba en el año 2004 al borde mismo de la extinción; al borde de la derrota y la aniquilación. No vamos a repetir una historia más o menos conocida, pero sí a recordar que lo que Zapatero repitió entonces era que había que "normalizar" la política vasca mediante la inclusión en las instituciones de la izquierda abertzale y la modificación del estatus jurídico vasco y navarro, esto es, la convicción de que ETA era, al fin y al cabo, la expresión de un conflicto que habría que resolver para acabar con el terrorismo. Que es lo que Eguiguren siempre ha defendido. Que es lo que Zapatero siempre ha defendido. Y que es lo que Rubalcaba siempre ha coordinado como ministro de Interior.
Ahora otra vez. La maniobra Eguiguren-Rubalcaba ha sido representada este fin de semana en la Cadena SER: el primero anuncia que la izquierda abertzale está por fin dispuesta a participar en el juego democrático; el segundo lo que anuncia es que aún no ha llegado el momento, y que el brazo político de ETA está "verde". El primero laxo, permisivo, como corresponde al que se ve periódicamente con los asesinos; el segundo pretendidamente duro y firme. Sólo pretendidamente: los dos coinciden en el hecho de que el fin es que vuelva a las instituciones. Simplemente discrepan en el cuándo, que Eguiguren quiere ya y Rubalcaba algo después.
Eguiguren puede permitirse defender que Batasuna esté en las instituciones mientras se negocia con ETA. No así el ministro. No así otra vez, al menos. Rubalcaba se ha visto envuelto ya en tres escándalos por los que debería estar, como mínimo, dimitido hace tiempo: el primero, el de la verificación del alto el fuego del año 2006, cuando el ministro anunció que ETA había abandonado sus criminales actividades; después se ha sabido que era falso, que los informes de las FCSE decían justo lo contrario y que incluso Interior disfrazó ataques (el de la ferretería de Barañain en abril) y sembró la duda sobre su autoría. El segundo, el caso Faisán, donde la cúpula de Interior se ve salpicada en un delito de colaboración con banda armada. El tercero, la acusación de que los enviados por el Gobierno –que supuestamente él controlaba y coordinaba– dieron a ETA la fórmula de ANV para burlar la Ley de Partidos en 2007. Por cosas menores, ministros y secretarios de Estado de otros países dimiten, son procesados o ambas cosas a la vez. Un ministro del Interior no puede ser sospechoso de estar más cerca de ETA que de quienes la combaten.
A propósito de la presencia de ETA en las instituciones, Rubalcaba vuelve a caminar por la cuerda floja. La Ley de Partidos ha sido un instrumento fundamental para arrinconar a ETA, y hoy sigue siendo un medio óptimo para llevar a ETA a la extinción, a su aniquilación, en términos del colombiano Santos. Más aún: sólo se acabará con ETA manteniendo a su brazo político prohibido. Y aquí empiezan los problemas, porque Eguiguren jamás ha creído en la Ley de Partidos, pero Rubalcaba dice creer en ella. No lo demuestra.
Si se trata de derrotar a ETA no basta con decir que "la izquierda abertzale está verde", sino de afirmar que la izquierda abertzale nunca volverá a pisar una institución democrática. Si se cree en la Ley de Partidos, no se cree ahora pero no dentro de una semana, dos meses o un año. Hace unos días observamos a Rajoy, Mayor Oreja y Acebes afirmar de manera absoluta que Batasuna no debe volver a las instituciones. Si Rubalcaba estuviese tan seguro de encontrarse en la misma onda de derrota de la banda que sus antecesores, su negativa sería tan absoluta como la de ellos. Pero no. Lo es tan relativa como la de Eguiguren. Lo cual sitúa al ministro en una posición esencialmente distinta a la de los ministros que pasarán a la historia como los que buscaron la derrota etarra.
Lo cual tiene tres vertientes: la estratégica muestra que Rubalcaba no participa de la misma política antiterrorista llevada a cabo antes de las negociaciones de Zapatero. La política tiene que ver con la firmeza, y muestra que Rubalcaba está más cerca de permitir a Batasuna volver a las instituciones que de impedirlo. La penal va por otros derroteros, y tiene que ver con las repercusiones penales que debieran tener los escándalos en los que se ve envuelto el Ministerio de Interior en relación con ETA, que nos recuerdan a los que tuvieron lugar en los últimos años de la etapa de Felipe González. Mientras, la Maniobra Eguiguren-Rubalcaba continúa.