Casi treinta años después de la muerte del general Franco, la comunidad de inteligencia española sigue sin haber logrado la madurez institucional y la imbricación social necesaria para poder desarrollar su actividad con normalidad. Diferentes circunstancias ocurridas durante este tiempo han dificultado un proceso que, por el contrario, otras instituciones del Estado sí han cubierto.
La comunidad de inteligencia española ha tenido como pilar fundamental al ya extinto CESID, hoy CNI. Fue creado bajo la influencia directa del general Gutiérrez Mellado con dos graves inconvenientes. El primero era su origen militar. Al principio todos, o casi todos, sus miembros pertenecían a las Fuerzas Armadas o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Malo era su común procedencia, pero peor aún su limitada capacidad profesional para comprender procesos políticos, económicos y sociales. Con el tiempo la endogamia fue desapareciendo. El segundo inconveniente era su vocación global. A diferencia de los restantes servicios de estados democráticos, el CESID cubría competencias propias de la inteligencia exterior, interior y militar, cuando la experiencia occidental había enseñado la conveniencia de separar orgánicamente estas funciones. La inteligencia se mueve a menudo en la alegalidad, cuando no en la ilegalidad, y, por su propia naturaleza, es difícilmente controlable. En esas circunstancias resulta más conveniente tener varios servicios, condenados a vigilarse mutuamente y a mantener una tensión beneficiosa para el estado de derecho.
A estos dos vicios de origen hay que sumar un problema añadido: los distintos gobiernos de la democracia no han sido capaces de concluir el marco institucional que regule el funcionamiento de la comunidad de inteligencia, es decir la relación entre el CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la naciente inteligencia militar. A los problemas, tan clásicos como inevitables, de tensión entre distintos servicios se suman en nuestro caso los derivados de la inexistencia de una estructura orgánica adecuada para coordinar sus actividades y aprovechar de la mejor manera la información disponible.
A esta escasa fortuna institucional se sumó una maldición política. El PSOE hizo un uso partidista del CESID, con consecuencias catastróficas. Las corrupciones de los de arriba animaron a los de abajo, que aprovecharon su conocimiento de las interioridades del estado para “blindarse” de posibles represalias. El enjuiciamiento de altos responsables y la dimisión del vicepresidente del Gobierno y del ministro de Defensa fueron parte de la conclusión de aquel proceso. Oculto quedaba el estado de postración de los agentes y la continuidad de personajes poco ejemplares en puestos de responsabilidad.
El Partido Popular prefirió calmar las aguas antes que afrontar la reforma en profundidad que había prometido y consideraba necesaria. Sólo en su segunda legislatura en el gobierno acometieron la ardua labor de establecer un nuevo marco legal y redefinir las funciones del nuevo Centro Nacional de Inteligencia. La reforma, aun siendo importante, resultó en exceso moderada. Daba la sensación de que el Gobierno estaba más preocupado por que el servicio de inteligencia dejara de ser un problema que por aprovechar plenamente toda su potencialidad. El nombramiento de Jorge Dezcallar como Director tenía dos importantes ventajas, que parecen no haber sido entendidas por el Partido Socialista. En primer lugar había un intento de dar estabilidad al máximo responsable por encima de los cambios políticos propios de una democracia. Dezcallar estaba ideológicamente mucho más cerca del Partido Socialista que del Popular y, desde luego, estos últimos nunca le consideraron “uno de los suyos”. En según lugar, el Gobierno había entendido que el máximo responsable debía tener características propias de un diplomático: buen conocimiento de la escena internacional y de lenguas, experiencia en áreas geográficas de máximo interés nacional y un historial administrativo relevante. En la actualidad los servicios de inteligencia están forzados, como consecuencia de las nuevas amenazas, a trabajar unos con otros, aun siendo de países, continentes y culturas distintas. En un escenario de estas características las vivencias acumuladas en años de vida fuera del territorio nacional y el conocimiento de lenguas extranjeras resultan esenciales. Al final, el que un director se entienda con otro, que genere la confianza suficiente para intercambiar información y hacer buen uso de ella es lo determinante.
El nuevo Gobierno socialista ha comenzado a actuar respondiendo a otras necesidades. Bono no ha buscado para colocar al frente del CNI a un hombre con experiencia en seguridad interior y en la escena internacional. Ha preferido a alguien que procede de esferas totalmente distintas pero que es de su confianza. Es decir, el ministro está más preocupado por controlar al CNI y a la información que guarda en sus archivos que por potenciarlo. El cacofónico suceder de declaraciones sobre si se harán o no públicos los informes del CNI; la irresponsable retirada, propagada a los cuatro vientos, de nuestros agentes de Irak; y la patética presentación de un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que no es nada más que un concepto vacío que trata de salvar una promesa electoral mal fundada, ponen de manifiesto una preocupante falta de oficio y una subordinación de las estrategias de seguridad a los objetivos electorales.
Los problemas los tenemos delante y no podemos quedarnos de brazos cruzados. A corto plazo sería conveniente dotar al CNI de un director capaz de asumir el liderazgo necesario entre los agentes y de ganarse el respeto entre sus iguales en otros estados amigos. Tiene, por lo tanto, que conocer la agenda de seguridad y disponer de una formación internacional. El Gobierno debe cerrar el modelo nacional de comunidad de inteligencia, definiendo las competencias y nombrando a la alta autoridad de Inteligencia, responsable de la coordinación entre los distintos servicios y puente con la Presidencia del Gobierno. Este cierre debería ir en paralelo a la constitución de un Consejo de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, en el que se tratarían los temas de seguridad exterior e interior –Diplomacia, Defensa, Interior– de forma integrada, para poder proporcionar al Presidente una visión más completa de la realidad y de las políticas posibles. Es fundamental que el Gobierno trate con el debido respeto a la comunidad de inteligencia y, muy especialmente, al CNI. Ya antes de ganar las elecciones el PSOE tergiversó declaraciones del entonces director y ha hecho gala de disponer de informadores dentro del Centro que atienden a sus demandas vulnerando la ley. Hechos como la retirada de agentes de Irak, que sólo se puede interpretar en clave política, provocan desánimo entre los miembros del CNI, lo que finalmente lleva a una actitud burocrática, que todos pagaremos en merma de nuestra seguridad.
GEES: Grupo de Estudios Estratégicos.