En materia antiterrorista, dos son las noticias importantes de esta primera quincena de julio. La mala, el atentado de ETA en Duranto el día 10; la buena, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Batasuna. Supone un hito en la historia de la lucha de la democracia contra ETA.
En democracia, cabe distinguir tres periodos de la lucha contra ETA. El primero, el de los gobiernos de Felipe González, cuyos máximos y desgraciados exponentes fueron la puesta en marcha de los GAL y los continuos procesos de acercamiento a ETA, que comenzaron en noviembre de 1982 y llegaron hasta marzo de 1996. Se caracterizaron por la búsqueda de atajos, legales e ilegales, en la lucha antiterrorista.
El segundo periodo es el que va desde 1996 a 2004, y se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por el respeto absoluto al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley. En segundo lugar, por la puesta en marcha de la lucha integral contra ETA: la lucha no sólo contra los comandos terroristas, sino contra todo el entramado político-social de la banda. Dentro de esta lucha global contra ETA se enmarcaba la persecución de organizaciones sociales, juveniles, de comunicación que jugaban un importante papel en el funcionamiento de ETA. Entre ellas se encontraba ilegalizar Batasuna, una vieja aspiración del Partido Popular. Enfrente se encontró con todo el arco nacionalista y con los comunistas, que no querían ni oír hablar de la ilegalización del brazo político de ETA. Tampoco los socialistas creían demasiado en ella, y en el año 2002 se vieron arrastrados a regañadientes, con muchas tensiones internas, a apoyar al PP en la Ley de Partidos. Por un lado, afirmaban que ilegalizar el brazo político de ETA implicaría desórdenes públicos, lo que se demostró falso. Por otro lado, siempre dispuestos a favorecer el garantismo de los delincuentes, aludían a los derechos humanos para poner peros a la política de ilegalización. En tercer lugar, los pactos del PSOE –con los ultranacionalistas de ERC públicos, y los contactos ya con ETA privados–, le impedían defender con el mismo entusiasmo que el PP esta ilegalización.
El tercer periodo es el del Gobierno de Zapatero, que dejó en desuso este instrumento para la derrota de ETA. Primero, la negociación con la banda, el "proceso de paz", dio lugar al bochornoso espectáculo del PCTV, ANV y AS, sucesores de Batasuna y HB legalizados por un gobierno que negociaba con ETA. Fue entonces cuando Zapatero afirmaba que Otegi realizaba "un discurso de paz" y lo hacía interlocutor válido para un gobierno democrático. También era la época de las reuniones del PSE con ETA y de Patxi López con Batasuna. Y cuando Conde-Pumpido hablaba de "guantánamos electorales" y de ensuciar la toga del Estado de Derecho en el polvo de los pactos con ETA.
Después, en la segunda legislatura, el Gobierno ha actuado con inercia, sin profundizar en el camino de la derrota de ETA iniciado por Aznar. A día de hoy, el brazo político de ETA sigue presente en ayuntamientos del País Vasco y Navarra, ante la actitud titubeante del Gobierno, que no se ha decidido a hacer efectiva su ilegalización. El Ejecutivo de Zapatero se ha convertido en un experto a la hora de poner excusas a su pusilánime actitud en este tema.
Su actitud contrasta con las consecuencias de la política llevada a cabo por Aznar entre 1996 y 2004: la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es una victoria personal del ex presidente sobre la banda, cinco años después de abandonar la política. Los intentos del mundo abertzale, dedicando todos sus esfuerzos a lograr la victoria en Estrasburgo, han chocado cinco años después con el legado de Aznar.
Además, la sentencia de Estrasburgo pone en su sitio las dos formas de apelar a la comunidad internacional. Zapatero llevó el terrorismo a Europa para que legitimizara sus pactos con ETA; Aznar lo hizo para lograr apoyos en la detención y extradición de etarras. Si el socialista buscó que Europa amparara su diálogo con los terroristas, el popular buscó que le ayudara a derrotarla. Con la última sentencia, el triunfo de la doctrina Aznar sobre el apaciguamiento zapateril es clamoroso. El Partido Popular debiera recordárselo, entre otras cosas porque el éxito de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es suyo y no del PSOE, que siempre ha sido ambiguo en este tema y no la ha aplicado nunca con decisión.
Para el Gobierno, la sentencia de Estrasburgo unida al atentado etarra del día 10 implica una exigencia imperiosa: ETA no está vencida, y la expulsión de ANV de los ayuntamientos vascos y navarros es una necesidad imperiosa. Bien es cierto que el Ejecutivo ha tenido ocasiones de sobra antes de ahora, y ha tenido que ser la sombra de Aznar, la pesadilla obsesiva de ZP, la que le recuerde, vía Estrasburgo, cómo se acaba con ETA. Es otra victoria de Aznar, sobre la criminal ETA y el dubitativo ZP.