Los norteamericanos se preguntan, con la laxitud propia del espectador no involucrado, si el presidente iniciará una guerra con Irán o no. Algunos candidatos presidenciales demócratas temen, o simulan temer, que una resolución del Senado que etiqueta a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista supusiera una autorización legal para iniciarla. Algunos congresistas demócratas se oponen a la solicitud del presidente de presupuestar 88 millones de dólares para equipar a los bombarderos espía B-2 para transportar enormes bombas anti-búnker, esperando así impedir una decisión presidencial de atacar las protegidas instalaciones nucleares de Irán.
Mientras los legisladores intentan contener al presidente jugando con armas, ignoran por completo un impedimento, este sí, suficiente: la Constitución. Han abandonado su deber jurado de respetarla. Porque en lo referido a la labor más trascendental que puede acometer un Estado, la guerra, se ha roto el sistema constitucional de pesos y contrapesos.
El Congreso podría, no obstante, volver a embridar a la presidencia empleando la Constitución. El Congreso podría poner fin a la capacidad del Ejecutivo de hacer la guerra sin trabas simplemente decidiéndose a hacerlo. Ni siquiera haría falta, aunque lo facilitaría, que se aprobara la Resolución de Poderes Bélicos Constitucionales. Presentada la semana pasada por el congresista Walter Jones, un republicano de Carolina del Norte, técnicamente enmienda, pero en la práctica suplanta, a la Resolución de Poderes Bélicos en vigor, que ha sido una nulidad desde que fuera aprobada en 1973 pese al veto del presidente Nixon.
La iniciativa de Jones está diseñada para garantizar que la decisión de ir a la guerra sea, como los Fundadores insistieron en que fuera, un "juicio colectivo". Prohibiría a los presidentes iniciar acciones militares excepto para responder o repeler ataques repentinos contra Estados Unidos o tropas norteamericanas en el extranjero, o para proteger y evacuar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Sentaría las bases de un examen judicial expreso para reforzar la consistencia con la resolución, y permitiría el uso de fondos federales solamente para acciones militares admitidas según la resolución.
Refleja las conclusiones alcanzadas por la Iniciativa de Poderes Bélicos del Constitution Project. El estudio de 2005 de esa organización independiente observa que el poder de asignación de fondos del Congreso presupone el requisito de someterse a la autorización del Congreso antes de que la nación vaya a la guerra. Permite al Congreso detener el uso de la fuerza suspendiendo su financiación. Ese control es reforzado mediante la Ley Antideficitaria, que prohíbe cualquier gasto u obligación sobre fondos no asignados por el Congreso, y por otras leyes que criminalizan las violaciones de ésta.
Todo esto refuta la reciente sugerencia de Rudy Giuliani de que el Presidente podría tener "la autoridad inherente para respaldar a las tropas" incluso si la financiación se suspendiera. Además, la historia norteamericana está repleta de ejemplos del Congreso refrenando la iniciativa bélica ejecutiva (ver Congreso en guerra, un libro de Charles A. Stevenson). El Congreso ha prohibido el envío de reclutas fuera de este continente (1940-41), la introducción de tropas de combate en Laos o Tailandia (1969), el regreso de las tropas en Camboya (1970), operaciones de combate en el suroeste de Asia (1973), las operaciones militares en Angola (1976), el uso de la fuerza en el Líbano aparte de como autodefensa (1983) o las actividades militares en Nicaragua (años 80). En 1993 y 1994, el Congreso decretó la retirada de las tropas de Somalia y prohibió las acciones militares en Ruanda.
Cuando el Congreso autorizó al presidente a "utilizar todos los medios y la fuerza apropiada" contra los cómplices de los atentados del 11 de Septiembre, el Congreso rehusó adoptar la propuesta de la administración de autorizar la fuerza "para disuadir y prevenir cualquier futuro" acto de terrorismo o agresión. La pregunta es por qué la administración se molestó en intentar que se aprobara con esas palabras. Los "presidencialistas" del gabinete –incluyendo a Bush– están seguros de que la Constitución exime a los presidentes de toda posible cortapisa en lo que se refiere al núcleo de las funciones ejecutivas: las concernientes a la defensa y la guerra. Está claro que piensan que las palabras rechazadas no habrían añadido nada a los poderes inherentes del presidente.
El momento en que los poderes del Congreso fueron más dramáticamente abandonados e ignorados fue Corea. Aunque el presidente Truman disfrutaba de un Congreso controlado por su partido y sus amigos, nunca buscó su autorización para enviar tropas a un conflicto masivo y sostenido. En su lugar se adjudicó una amplia autoridad para "ejecutar" tratados como la Carta de las Naciones Unidas.
Para los integrantes actuales del Partido Demócrata, la resistencia a permitir que el presidente pueda iniciar una guerra por su cuenta no se debe a que tengan principios constitucionalistas, sino por lo mucho que les irrita el actual presidente. Los demócratas no hicieron nada cuando el presidente Clinton puso en marcha una agresión aérea constante contra Serbia sin autorización del Congreso. Lo que hizo fue justificarse en la autorización de la OTAN, como si fuera un sustituto adecuado del "juicio colectivo" que la Constitución ordena.
Los republicanos, presuntos defensores del Gobierno limitado, se han convertido en los apoyos necesarios de una presidencia de ilimitados poderes. Su fe en una interpretación estricta de la Constitución se evapora en este caso y sus actos los convierten así en fieles conversos de la confusa idea izquierdista de que la Constitución "está viva". Mediante su pasividad, aprueban la idea de que las nuevas amenazas justifican ignorar el texto y la lógica de los Fundadores en materia de la responsabilidad compartida de hacer la guerra.
A menos que el Congreso deje de quejarse de la "usurpación" presidencial de poderes y haga valer los propios, seguirá abandonando su deber de participación mutua en la guerra. Y merecerá que se le siga marginando.
