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ESPAÑA

Octubre de 1934: el envés de la memoria

Rafael Zaragoza Pelayo

El pasado octubre, en su sección "Efemérides", el Diario de Cádiz recordaba el telegrama que los socialistas gaditanos enviaban en 1935 a Largo Caballero para darle el pésame por la muerte de su esposa y expresarle su solidaridad, pues se encontraba en prisión preventiva a causa, decía el cronista, de "su responsabilidad en los sucesos revolucionarios de Asturias".

¿En qué consistieron aquellos sucesos, y qué consecuencias tuvieron? Estamos hablando de la insurrección armada que protagonizó la izquierda española en octubre de 1934 contra la II República. Conocida eufemísticamente como "la revolución de Asturias", o simplemente como "la huelga de Asturias", su carácter de asalto al estado republicano ha sido rebajado o silenciado debido a la influencia de la historiografía progresista, dominante desde finales del franquismo.

En efecto, durante todos estos años se ha presentado los hechos de octubre del 34 como una especie de rebelión cuasi espontánea de los mineros asturianos, que habrían empujado a los líderes izquierdistas a encabezarla (eso dice, por ejemplo, el historiador Preston); un incidente sonado, si se quiere, pero menor, aislado y sin relación con la guerra civil.

En realidad, la insurrección tuvo lugar en 26 provincias, aunque los sucesos más graves se produjeran en Asturias, Cataluña, País Vasco y Madrid. El historiador Stanley Payne, apoyándose en los mejores estudios, estima que murieron unos 1.300 rebeldes (1.100 en Asturias, 107 en Cataluña, 80 en Vizcaya y Guipúzcoa, 34 en Madrid, 15 en Santander; el resto, en las demás zonas afectadas). Las muertes entre soldados y policías rondaron las 450. Asimismo, fueron asesinados decenas de curas. Al decir de Payne, fue la mejor armada de las revoluciones izquierdistas registradas en la Europa de entreguerras.

Hoy en día se conocen muy bien los hechos y sus fatales consecuencias: diversos historiadores de nota, entre los que destaca Pío Moa, han explicado cómo los líderes socialistas (y de la Esquerra) planificaron la sublevación; cómo instruyeron, desde su comité técnico revolucionario, para que tuviese "todos los caracteres de una guerra civil"; cómo organizaron la huelga revolucionaria, acumularon importantes cantidades de armas y prepararon el secuestro o exterminio de enemigos políticos; cómo se infiltraron en el ejército; cómo Companys declaró el estado catalán; cómo Besteiro, el único líder socialista opuesto a la sublevación, fue apartado de la dirección de la UGT (su domicilio fue tiroteado), y cómo los republicanos de izquierdas se echaron pronto atrás, al ver que las cosas no salían. Todos estos hechos, y otros, están hoy debidamente documentados.

La trascendencia de la sublevación radica en que no fue organizada por grupos periféricos, sino nada menos que por el principal partido de la oposición, el socialista (en compañía de otros), que pretextó argumentos probadamente falsos: por un lado, un supuesto riesgo de fascistización del país debido a la entrada en el gobierno de tres ministros de una CEDA que en 1933 había ganado las elecciones más limpias de la República, pero que sin embargo no quiso entrar en el ejecutivo hasta, precisamente, octubre de 1934, por ver de apaciguar a una izquierda enfurecida. Los propios Araquistáin y Largo Caballero negaron en uno u otro momento tal peligro de fascistización. Por el otro, los supuestos abusos que sobre los trabajadores habría perpetrado el "gobierno de la oligarquía", apelativo en clave marxista que el historiador Tuñón de Lara utilizaba para designar al gabinete de centro-derecha que había salido de las urnas. En realidad, 1933 había sido un año más duro que 1934 en cuanto a condiciones de vida, y los mineros no eran precisamente el sector en peor situación...

No. Como bien apunta Pío Moa una y otra vez, la insurrección socialista buscaba implantar un régimen revolucionario. La documentación en ese sentido es concluyente: basta leer, entre otras, las instrucciones secretas del comité, la prensa y la propaganda del PSOE y los escritos de Besteiro.

Los propios revolucionarios planearon blanquear los hechos en caso de que la operación se saldara con un fracaso, que fue lo que finalmente sucedió. Así, negaron con descaro su participación en la intentona y recurrieron como explicación de la misma a la reacción espontánea de la clase obrera y al "peligro fascista". Con posterioridad, historiadores afines, de gran influencia académica y mediática, han venido insistiendo en ello.

Stanley G. PaynePayne señala que nunca hubo arrepentimiento socialista (aún hoy no hay crítica oficial, aunque sí alguna particular, como la de Prieto y, creo recordar, la de Leguina). Al contrario, a lo largo del 35, numerosos libros, reportajes y folletos exaltaron la sublevación. Es más: lo que hicieron las izquierdas fue lanzar una campaña virulenta sobre las "atrocidades" cometidas en el marco de la represión de la intentona; campaña que tuvo el efecto de hacer olvidar la responsabilidad de aquéllas en los hechos y poner de su lado a gran parte de la opinión pública, incluso en el extranjero.

La campaña de marras olvidaba las salvajadas de los insurrectos, y en muchos casos exageraba o mentía sobre las cometidas por el gobierno. Como dice Payne, la realidad es que no tenemos estadísticas fiables al respecto, pues si bien las izquierdas anunciaron que realizarían una investigación a fondo cuando llegaran al poder, tras la victoria del Frente Popular dieron largas al asunto, a pesar de la insistencia del centro-derecha para que, de una vez por todas, se llevara a cabo.

La campaña caló a modo en unas bases que en 1936 se comportaron de manera muy distinta a como lo hicieron en 1934, cuando dejaron a sus líderes en la estacada. Nada más producirse la victoria frentepopulista –en un contexto de graves desórdenes públicos, con quemas de conventos y de sedes de partidos como el Republicano Radical–, grupos de incontrolados hicieron incursiones violentas en las cárceles para liberar a los izquierdistas insurrectos, y el 21 de febrero se concedió a toda prisa la amnistía largamente anunciada. Por otro lado, un decreto del 1 de marzo obligaba a los empresarios a contratar de nuevo a los trabajadores que hubieran despedido de 1934 en adelante por razones políticas, así como a pagarles un determinado número de jornales, con independencia de si esos trabajadores habían cometido actos violentos o no, incluso contra sus propios patronos.

Historiadores tan diversos como Gerald Brenan, Salvador de Madariaga, Gabriel Jackson, Richard Robinson, Carlos M. Rama o Carlos Seco Serrano han descrito la insurrección revolucionaria como el preludio de la guerra civil. Sir Raymond Carr, historiador respetadísimo en todos los ámbitos, dice que la revolución de octubre fue "el origen inmediato" de aquélla. Pío Moa, por su parte, habla de "la primera batalla de la guerra civil".

Una vez sofocada la insurrección, la CEDA tuvo en sus manos la oportunidad de demostrar el carácter "fascista" que le atribuían sus enemigos y acabar con una oposición levantada en armas y, de paso, con la República. Pero, lejos de eso, se mostró, como durante todo el periodo republicano, estrictamente respetuosa con la legalidad.

El pasado octubre se cumplían 76 años de aquellos trágicos sucesos, que tanto tuvieron que ver con la guerra. El conocimiento de los hechos, de todos los hechos, así lo atestigua. Es necesario ser consciente de ello, no sólo en honor a la verdad histórica, sino para que todos por igual evoquemos aquel "Paz, piedad y perdón" de Azaña.

 

RAFAEL ZARAGOZA, miembro del grupo Historia Actual de la Universidad de Cádiz.

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