A cualquier responsable político de un partido así afectado se le ocurriría estudiar la causa y ponerle inmediatamente remedio. Al Partido Socialista de Cataluña, no. Sólo el espectacular 57% de abstención de las autonómicas del 1992 en Rubí llevó a los responsables municipales de izquierdas a encargar un estudio sociológico para indagar las causas. Lo llevó a acabo un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la Universidad Autónoma de Barcelona dirigido por Josep Maria Colomer.
El resultado fue incontestable: la abstención afectaba a los partidos de izquierda y nada a CiU, que obtenía los mismos resultados en municipales, autonómicas y generales. El PSC era el más perjudicado. Cuanto más ha separado su discurso del espíritu del PSOE (España [¿?], bilingüismo, problemas sociales) y más se ha centrado en el del PSC (identidad, inmersión lingüística, nacionalismo), más se ha distanciado de sus votantes.
No les ha importado, ni han hecho nada por corregir esa sangría. Han preferido perder votos que aguar su nacional-catalanismo. Mejor dicho: se han esforzado por frenar la velocidad de la hemorragia controlando a la comunidad obrera castellanohablante, en espera de que las nuevas generaciones vayan sucumbiendo al ardor patriótico. En la cera de enfrente CiU ha hecho lo propio, pero desde el poder, que siempre es más cómodo y agradecido.
La historia comienza en los 80. Un millón de inmigrantes llegados en las décadas de 1950, 1960 y 1970 se agrupan en docenas de asociaciones de carácter cultural o folklórico. Sólo las andaluzas suman más de 160. Su extracción social y cultural y el entorno donde viven son o están muy cercanos al PSOE de Felipe y Alfonso Guerra. Cualquiera sabe que si un día apareciese por Santa Coloma Felipe González y soltare un discurso lingüístico, cultural y social como el de Ciutadans de Catalunya, o el de Iniciativa No Nacionalista, el PSC se iría al carajo, y el nacionalismo secesionista con él. En dos días, no más. Repito, en dos días. Por eso, las fuerzas vivas de convergentes y socialistas se han empeñado durante estos 25 últimos años en pastorearles, cebarles a fino y pescaíto frito, o sea, en tenerlos entretenidos mientras desvalijan su vida cultural y lingüística, en espera de que sus vástagos les nieguen en su propia casa. Al menos eso esperan conseguir con la inmersión escolar y la FEN (Formación del Espíritu Nacional). Dos agrupaciones, la Fecac y Crisol, la primera controlada prioritariamente por CiU y la segunda íntegramente por el PSC, han sido los instrumentos para tener sumisos a los inmigrantes.
Todo comenzó cuando Pujol, presidente ya de la Generalitat, se da cuenta de que imponer el catalán como lengua hegemónica chocará inevitablemente con la sensibilidad y los derechos de los castellanohablantes. Hacerlo por las bravas como lo está haciendo hoy el Tripartito hubiera sido un suicidio, y más a principios de los 80. Astuto y paciente, tiene otra táctica: imposición gradual, retroceso allí donde salten chispas, control de los medios de comunicación y la escuela y pastoreo de la inmigración mediante subvenciones a asociaciones folklóricas andaluzas. Desde Bienestar Social, dirigida por Antoni Comas, miman y ceban a sus principales dirigentes, sobre todo a Francisco García Prieto, presidente de la Fecac, la agrupación más numerosa e importante de casas regionales de Andalucía, que controla y dirige la "Feria de Abril de Cataluña".
Esta maniobra no pasa inadvertida a Josep Maria Sala, capitán de capitanes del PSC, y mediante el Colectivo Crisol (uno de los muchos juegos trileros que utiliza el PSC para camuflarse y desde dentro desactivar la resistencia al nacionalismo de sus bases obreras, españolas y castellanohablantes) crea Aarca (Agrupación de Asociaciones Recreativo-Culturales Andaluzas), al frente de la cual ponen a Francisco Hidalgo, delegado del Consejo de Comunidades Andaluzas en Cataluña, Valencia y Baleares del Gobierno socialista andaluz. Así dan mejor el pego.
Jugaban sucio, pero con desventaja. Pujol tenía más dinero y poder desde la presidencia de la Generalitat.