La huelga farsa convocada el pasado miércoles se ha saldado con un doble fracaso, para los convocantes y para el Gobierno. Para los sindicatos, porque una parte importante de los ciudadanos les dieron la espalda y sólo la acción de piquetes "convencitivos" o coercitivos y el interés del Gobierno en salvarles la cara logró que la huelga no fuera un fracaso estrepitoso. En segundo término, porque esta huelga no va a lograr ningún cambio ni en la política económica del Gobierno ni en la reforma laboral aprobada por el Parlamento. En el primer caso, porque el Gobierno, aunque quiera, que probablemente querría, no puede hacerlo bajo la atenta vigilancia de la Unión Europea y los mercados internacionales. La segunda, porque sería una quiebra democrática que quien legislara en nuestro país fueran los piquetes.

Pero aún en mayor medida la huelga general ha sido un fracaso para el Gobierno, especialmente para Rodríguez Zapatero. Por un lado, la propia convocatoria de la huelga ha evidenciado el divorcio entre el Gobierno y su base social, por más que la ruptura haya tenido algo de farsa. Pero sobre todo, porque Zapatero ha perdido la paz social como el gran argumento para seguir en el poder. La actuación coercitiva de los piquetes, que han llegado en casos no tan puntuales a utilizar la violencia, rompe el mito de que sólo la izquierda puede hacer determinadas reformas manteniendo al mismo tiempo la tranquilidad en las calles. Es más, el sentimiento de engaño y traición que tiene mucha de la gente que votó por el PSOE como antídoto de cualquier recorte social, alimenta ahora la frustración y la movilización. Tras el 29-S, Zapatero ya no es garantía de paz social en nuestro país, sino más bien lo contrario.

La primera lección de esa huelga es por tanto que para salir de la crisis España no necesita huelgas, sino un cambio político que devuelva la confianza y que impulse al país a la senda del crecimiento económico y sobre todo de la creación de empleo. Las huelgas no sólo no cambian nada sino que tienen además un coste económico y social que España no puede permitirse en estos momentos.

En segundo lugar, entre las reformas necesarias en nuestro país debemos incluir la de un modelo sindical con instrumentos tan obsoletos como el de los convenios colectivos. Necesitamos antes que nada unos sindicatos más volcados en la defensa de los intereses generales de los trabajadores, incluyendo esos cinco millones de parados que hay en nuestro país, y no tanto en sus propios intereses. Unos sindicatos más profesionales y menos ideológicos, que se desliguen del juego político y que sean más independientes de los intereses de cualquier partido. Unos sindicatos, por último, más austeros, menos burocráticos, con mayor capacidad de autofinanciación y menos costosos para el conjunto de la economía, especialmente en estos momentos de crisis. En definitiva, hay que culminar la transición desde un trasnochado sindicalismo de clase del siglo XIX a un sindicalismo moderno y profesional para el siglo XXI.

La tercera conclusión es la necesidad de fortalecer nuestro Estado de Derecho para hacer frente a la actuación de minoritarios grupos violentos. Hay que felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su actuación el día de la huelga, especialmente si se tiene en cuenta que las instrucciones políticas del Gobierno fueron las de mínima intervención. El resultado es que algunos policías fueron agredidos por los piquetes y que en general estos pudieron actuar con mayor impunidad de la que sería deseable. Ahora algunos de ellos tendrán que responder penalmente por delitos de coacción y agresiones. Una última lección sería por tanto la necesidad de cambiar la sensación de complicidad y tolerancia que ha trasmitido el Gobierno con la actuación de estos piquetes violentos, por un mensaje de condena sin paliativos y ejercicio de la autoridad del Estado para garantizar que el legítimo derecho de los trabajadores a la huelga no vulnere el derecho de los ciudadanos a trabajar, a moverse y a hacerlo con seguridad.