La marcha celebrada este fin de semana en Bilbao a favor de los presos de ETA constituye una vergüenza que todos los demócratas estamos obligados a denunciar. El acercamiento de presos al País Vasco ha sido una reivindicación constante de la organización terrorista en toda su historia y tiene para ellos una significación política que trasciende con mucho lo meramente humanitario. El acercamiento es en realidad un primer paso de una estrategia encaminada a lograr la liberación de todo el colectivo de terroristas encarcelados y constituye una victoria política que el Estado de Derecho nunca debería conceder a los terroristas. Para lograr ese mismo objetivo, ETA no dudó en enterrar en un agujero durante 532 días a un funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, o en cometer algunos asesinatos, entre otros el de Miguel Ángel Blanco. Ceder ahora a esa reivindicación sería una traición inaceptable.
En esta nueva marcha proetarra, que tuvo además a una organización ilegal como Batasuna a una de sus principales promotoras, se enalteció una vez más a terroristas, mostrando fotos de alguno de ellos, y se denigró nuestro Estado de Derecho calificando los portavoces de la marcha a las cárceles españolas como "campos de exterminio". Espero que la especial vigilancia que el juez encomendó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre esta manifestación permita intervenir a la Justicia para corregir estos desmanes.
Lo más preocupante de esta marcha es en todo caso la renovada capacidad de movilización social que mantiene ETA a pesar de su creciente debilidad criminal. Una capacidad que contrasta con un anestesamiento de la sociedad española frente a un fenómeno terrorista que algunos pretenden presentar como un algo del pasado, obviando que la voluntad terrorista de ETA persiste a pesar de la merma de su capacidad. Así, los terroristas son capaces de sacar a la calle a miles de manifestante para reivindicar la libertad de sus asesinos, mientras las victimas apenas logran movilizar a unos pocos españoles para solidarizarse con ellas o reclamar que los crímenes de los terroristas no puedan quedar impunes.
La movilización social contra el terror ha sido un factor clave en el debilitamiento y la deslegitimación de la banda terrorista ETA en los últimos años. Pero si permitimos que los terroristas y sus cómplices vuelvan a ocupar la calle, como pudieron hacer durante demasiadas décadas, mientras que la inmensa mayoría de demócratas nos retraemos dando por finalizado el problema antes incluso de que la organización terrorista haya desaparecido, existe el riesgo de que la derrota policial de los terroristas no implique su obligada derrota política y social. Es precisamente en estos momentos de debilidad criminal de los terroristas donde la movilización social debería llevarnos a la victoria final de la libertad sobre el terror sin ningún tipo de concesión o negociación.
La impunidad no puede ser nunca moneda de cambio para lograr el final del terrorismo. Tenemos ya algunos casos dramáticos en los que las victimas deben convivir con sus verdugos y soportar en ocasiones sus humillaciones. Un colectivo tan ejemplar como el de las victimas de ETA, que ha soportado con estoicismo décadas de olvido, que ha mantenido en todo momento su fe en la democracia y que ha renunciado a la venganza porque creyeron en la Justicia, no merece que les paguemos la inmensa deuda que con ellos tenemos contraída con la moneda de la impunidad para sus verdugos. Es fundamental exigir al Gobierno mantener una política penitenciaria de firmeza y rigor para que los terroristas cumplan las condenas impuestas sin ninguna clase de privilegio o trato de favor. Por las victimas, por la propia dignidad de nuestra democracia y por la capacidad de nuestro Estado de Derecho para enfrentarse en el futuro a cualquier nueva amenaza terrorista.