Durante tres días España fue un país sin ley en el que podían cortarse carreteras con total impunidad, en el que nuestras fronteras estuvieron totalmente bloqueadas, en el que grupos de piquetes impedían trabajar a todos aquellos que en el ejercicio de su libertad pretendían hacerlo, en el que se producían enfrentamientos que se saldaron con varios heridos e incluso un fallecido ante la absoluta pasividad del Gobierno y en el que los comercios se iban vaciando de los productos más esenciales, incluido el combustible en muchas gasolineras, ante la impotencia del Gobierno para solucionar el problema.
Tras tres días de caos absoluto, el Gobierno decidió ejercer como tal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una profesionalidad digna de elogio, despejaron en pocas horas las carreteras que habían estado bloqueadas durante días. Las fronteras fueron reabiertas sin excesivos incidentes. Se hizo frente a aquellos piquetes violentos que pretendían imponer por la fuerza el paro a quienes tenían voluntad de seguir trabajando. Se escoltaron convoyes de camiones para abastecer a la población de los productos más urgentes. El país fue recuperando poco a poco una normalidad que nunca debió ser alterada.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen hoy es por qué desapareció el Gobierno durante los tres primeros días de la huelga del transporte, dónde estaba el ministro del Interior cuando más lo necesitaban los ciudadanos. Creo que existen dos razones de fondo para explicar esta inexcusable dejación de funciones del Gobierno de Zapatero: la falta de previsión y su renuencia a utilizar la fuerza en cualquier circunstancia.
La falta de previsión es, en realidad, múltiple. En primer lugar, el Gobierno no había sabido adoptar ninguna medida que paliase los efectos de la constante escalada del precio de petróleo en diversos sectores, pero muy especialmente en el del transporte, en el de la pesca y en la agricultura. La consecuencia es que todos ellos se han puesto en pie de guerra al ver en riesgo su propia subsistencia. La segunda imprevisión es no calcular el impacto que tendría la huelga convocada por los transportistas y que dejó durante tres días prácticamente paralizada la actividad económica del país, desató la alarma social ante la amenaza del desabastecimiento y generó incidentes de extrema gravedad. Por último, es posible que el Gobierno creyera que sería capaz de desactivar la huelga en la mesa de negociación, pero esta previsión también la falló.
En segundo lugar, hay una total renuencia en este Gobierno a la utilización de la fuerza legítima del Estado para hacer frente a cualquier conflicto. Así, según la doctrina Rubalcaba de no intervención, que no es más que una traslación a los asuntos internos de la doctrina Zapatero en el exterior, cualquier utilización de la fuerza, por legítima y necesaria que sea, tendría siempre un efecto contraproducente. Antecedentes de esta doctrina fueron en la legislatura pasada la ocupación del aeropuerto de El Prat por los huelguistas o la cancelación de una cumbre de la Unión Europea en Barcelona ante las bravuconadas de un grupo de radicales. En ambos casos se prefirió la conculcación del orden público antes que autorizar una actuación policial.
En la reciente huelga del transporte, la doctrina Rubalcaba se llevó hasta el extremo. Las carreteras y las fronteras fueron bloqueadas ante la atónita mirada de policías y guardias civiles que tenían estrictas órdenes de no intervenir. Es más, en ocasiones se evitó incluso la presencia policial para evitar "provocar" a los piquetes, lo que impidió garantizar tanto la seguridad de los huelguistas como la libertad de los que no secundaban la huelga. Los incidentes se sucedían en toda España ante un ministro del Interior que parecía escondido, extendiéndose una peligrosa sensación de falta de autoridad.
Durante tres días hubo una dejación absoluta de la principal obligación que la Constitución ordena al Gobierno, la defensa de los derechos, las libertades y la seguridad de los españoles. España se convirtió durante tres días en un país sin ley. La eficaz actuación posterior de las Fuerzas de Seguridad del Estado demostró que nuestro Estado de Derecho tiene los instrumentos adecuados para hacer frente a esta contingencia. Pero faltó la previsión y la voluntad de un Gobierno que parece cada día más superado por una realidad que se niega a reconocer.