Responsabilidad pública

En México, los funcionarios públicos nunca han dado cuentas de sus actos. La ausencia de responsabilidad pública por los actos de gobierno ha sido una constante histórica. En consecuencia, aquellos individuos que han estado en el poder o cerca de él, generalmente se han beneficiado de la opacidad con la cual actúan, tratando de aparecer ante la sociedad como si estuvieran envueltos en un halo de honestidad y de que sus actos siempre son guiados por la búsqueda del bienestar de la población.

 

Dos ejemplos recientes de esta opacidad. El primero es la fundación Vamos México, en donde no solamente no está claro el manejo financiero de la fundación y el destino de los recursos que administra, sino tampoco si la posición de la señora Marta Sahagún como esposa del presidente Vicente Fox le ha servido para convencer a determinados empresarios para que apoyen “voluntariamente” su fundación so pena de sufrir represalias. El segundo es el llamativo cinismo en el caso del chofer o ayudante del Sr.
Andrés Manuel López Obrador, alcalde de la capital mexicana, quien invariablemente ha presumido una “honestidad valiente” que lo hace “políticamente indestructible”.

 

Este tema de la responsabilidad pública de los funcionarios es crucial, ya que todo gasto del gobierno es financiado con los recursos que se le extraen al pueblo. Y es algo que al parecer los funcionarios no entienden. Ellos únicamente están administrando recursos que le pertenecen al pueblo, no son dueños de ellos y, en consecuencia, deben rendir cuentas por todo lo que hacen.

 

Esto viene a colación a raíz de la Convención Fiscal. Uno de los temas que brilla por su ausencia es precisamente la responsabilidad pública, la transparencia en el uso de los recursos propiedad de los mexicanos. Esta Convención debería tener como punto primario establecer en lo que tiene que gastar el gobierno y en lo que no. Habiendo definido este punto central, podría pasarse a discutir sobre qué nivel de gobierno se debe encargar de qué cosas y, por último, decidir cuál es la forma más eficiente de recolectar los recursos necesarios para financiar ese gasto. Es decir, la Convención debería ser el foro para definir la política económica del Estado, estableciendo cuáles son las funciones legítimas del gobierno.

 

Pero no, esto ni siquiera se pone a consideración. Por el contrario, los participantes, particularmente los gobernadores y los presidentes municipales, tienen enfocadas sus baterías a tratar de extraerle al gobierno federal una mayor cantidad de recursos, sin que ellos estén dispuestos a asumir ninguna responsabilidad ni rendirle cuentas a sus electores sobre el uso y rentabilidad social de los recursos que están utilizando.

 

Como claramente éste no es el camino a seguir, el gobierno federal debe oponerse a esa posición de los gobernantes estatales y municipales, aprovechando los foros públicos para hacer notar que su aparente intransigencia está justificada por la irresponsabilidad fiscal de los mandatarios locales y presionar para que haya una clara transparencia en la utilización de los recursos públicos, condicionando los montos que el gobierno federal les entrega al esfuerzo local de recaudación.

 

Y un punto adicional. Aunque no es un tema de la Convención, la reelección inmediata de los gobernadores, presidentes municipales y legisladores no puede obviarse. Con el esquema actual que prohíbe la reelección, a los funcionarios públicos electos simplemente no les interesa rendir cuentas a sus electores sobre lo que hacen con el dinero de los impuestos y nunca enfrentarán un castigo directo si usan esos recursos de manera irresponsable. De ahí que si se quiere tener un sistema democrático en donde los recursos públicos sean utilizados eficientemente, o por lo menos con menor desperdicio que el actual es indispensable permitir la reelección.

Isaac Katz, investigador y catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.