En 1997 el Ejecutivo de José María Aznar se encontró una tregua hecha, atada y bien atada, resultado de un pacto entre los nacionalistas vascos y los etarras que tenía como objetivo expulsar a los constitucionalistas del poder local y autonómico. Un acuerdo sellado en secreto por el PNV con la banda terrorista tras la conmoción nacional producida por el secuestro y asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Hoy, una década después, es Zapatero quien, en comunión con los nacionalistas, ha negociado y pactado con los terroristas a espaldas de todos, incluso de los miembros de su partido, y les ha aupado de nuevo a las instituciones. El PSOE llegó a firmar hasta por escrito su objetivo de expulsar al PP no sólo de Cataluña, sino del resto del territorio nacional. El legado de ZP habla por sí solo y cada día que avanza hacia el fin de su legislatura, a pesar de los golpes de maquillaje gubernamentales con cambios de ministros a última hora, se dibuja un panorama más desolador.
La nueva marca electoral de ETA, ANV, gobierna en 43 ayuntamientos y ha empezado ya a gestionar 230 millones de euros de los presupuestos. No ha pasado un mes desde la toma del poder de los proetarras, y la mayoría de estas localidades se han convertido en herriko feudos, como relata Javier Pagola en ABC. La financiación de ETA o la apología del terror campan abiertamente a sus anchas en las calles de los municipios de ANV sin que la Fiscalía General del Estado o la justicia actúen de oficio. A ello hay que sumar la renuncia cobarde y entreguista de casi un centenar de electos a tomar posesión de sus actas de concejal en más de una treintena de municipios en el País Vasco y Navarra.
Ermua cercó no sólo al terrorismo sino al nacionalismo cómplice y beneficiario de las bombas. Zapatero ha encumbrado a ambos y les ayuda en su labor totalitaria para echar al Partido Popular, su único objetivo cierto en esta legislatura. Zapatero ha "internacionalizado el conflicto", como ha exigido la ETA; ha utilizado la Justicia de manera partidista y como instrumento para su política de negociación con los pistoleros; ha cedido al chantaje etarra con el asesino de 25 personas y, cuando los etarras han roto el falso alto el fuego, ha reculado; los presos terroristas vuelven a sacarse títulos universitarios donde quieren. Ahora le toca el turno a Navarra.
El aniversario del joven concejal popular de Ermua asesinado a bocajarro símbolo viviente de la no cesión al chantaje etarra debería ser un revulsivo para las conciencias de todos los demócratas. Sin embargo nada indica que tal cosa vaya a ocurrir. Al contrario, el silencio del Gobierno de España ante los actos de conmemoración de Miguel Ángel Blanco resulta no sólo entristecedor sino brutal y hasta antidemocrático. ZP sólo llora a sus víctimas, da igual que se trate de las de la guerra civil que de las de ETA. El resto no son sus muertos. Sobre todo si éstos le ponen ante el espejo de su propia traición.
