"El sector privado nos metió en este desastre y el Gobierno tiene que sacarnos de él".
Esa es la versión del congresista Barney Frank y no parece moverse de ella. Como ha explicado en los últimos días, la presente crisis financiera es producto de dejar al libre mercado sin regulación, de modo que la clase política sólo sería culpable de haber no meter en cintura a los capitalistas. La debacle de Wall Street fue provocada por "malas decisiones que se tomaron por gente del sector privado", decía Frank. El país se encuentra en crisis "gracias a la filosofía conservadora que exige que el mercado sea respetado". Una filosofía que "se remonta a Ronald Reagan, cuando en su discurso de investidura decía, que el Gobierno no era la respuesta a nuestros problemas, sino que era el problema."
En realidad no es eso lo que dijo Reagan. Sus palabras textuales fueron: "En esta crisis actual, el Gobierno no es la solución a nuestro problema; el Gobierno es el problema". Si fuera presidente hoy, diría algo muy parecido.
Porque mientras la crisis hipotecaria que sacude Wall Street tiene su porcentaje de culpables en el sector privado (muchos de los cuales han venido descubriendo últimamente lo penosa que puede ser la disciplina del sector privado), ellos no fueron los que "nos metieron en este desastre". Eslóganes absurdos de Barney Frank al margen, los agentes de crédito hipotecario no se despertaron un día por las buenas decidiendo abandonar los estándares tradicionales de crédito para realizar préstamos desaconsejables a deudores que no cumplían con los requisitos. Se aproximaría más a la verdad decir que despertaron para descubrir que el Gobierno les obligaba y que les exigía hacerlo.
La raíz de esta crisis se remonta a la administración Carter. Fue entonces cuando los funcionarios públicos, empujados por los activistas de extrema izquierda, empezaron a acusar a los agentes de préstamo hipotecario de racismo y de negarse a prestar dinero en barrios deprimidos porque a los negros se les estaban negando hipotecas con una frecuencia mayor que a los blancos de las zonas suburbanas.
La presión para prestar a las minorías (esto es, a deudores con historiales de crédito deficientes) se volvió insufrible. En 1977 el Congreso aprobaba la Ley de Reinversión Comunitaria, que dotaba de poder a los agentes reguladores para castigar a los bancos que "no cumplan las necesidades crediticias" de "vecindarios de renta baja, minoritarios o deprimidos." En 1995, bajo el Presidente Clinton, la ley se hizo aún más severa. Los agentes de crédito respondieron relajando sus estándares de garantía y realizando créditos cada vez menos respaldados. Las dos agencias hipotecarias públicas, Fannie Mae y Freddie Mac, estimularon estos préstamos arriesgados autorizando criterios aún más "flexibles" en virtud de los cuales se podían prestar hipotecas a los deudores más insolventes.
Todo esto se justificaba como medio de elevar el acceso a la propiedad de las casas entre las minorías y los pobres. Las políticas de discriminación positiva se impusieron frente a las prácticas empresariales prudentes. Un manual difundido por el Banco de la Reserva Federal de Boston aconsejaba a los prestamistas pasar por alto el sentido común financiero. "La ausencia de historial crediticio no debe ser visto como un factor negativo", instruían las directrices de la Reserva. Los solicitantes carentes de los ahorros suficientes para pagar la entrada y los costes deben poder depender en su lugar de "donaciones, préstamos o ayudas procedentes de parientes, organizaciones sin ánimo de lucro o agencias municipales". A los agentes de crédito se les indujo hasta a aceptar pagos de la seguridad social y prestaciones por desempleo como "fuentes de ingreso válidas" para cumplir los criterios de una hipoteca. No obedecer podría significar una demanda.
Mientras los precios de vivienda seguían subiendo –y con millones de prestatarios no cualificados sumándose a la demanda– el espejismo de que todo esto era una buena política pública se pudo defender. Pero no se necesita ser un genio financiero para reconocer que llegaría el día de lamentarse. "¿Qué significa que los bancos de Boston empiecen a realizar más préstamos a minorías?" preguntaba yo en esta columna en 1995. "Lo más probable es que con conocimiento de causa estén aprobando préstamos de riesgo para quitarse de encima a los federales y los activistas. . . Cuando la oleada de ejecuciones hipotecarias se extienda por el todo el país, ¿cuál de los banqueros, los políticos y los reguladores que hoy que se felicitan planea asumir la culpa?".
Barney Frank no. Y eso que su huella está presente por todo este fiasco. Una y otra vez Frank insistía en que Fannie Mae y Freddie Mac eran empresas sólidas. Hace cinco años, por ejemplo, cuando la administración Bush proponía una regulación mucho más estricta de las dos hipotecarias, Frank se mostraba inflexible en que "estas dos entidades, Fannie Mae y Freddie Mac, no se enfrentan a ninguna crisis financiera". Cuando la Casa Blanca advertía de "riesgo sistemático para nuestro sistema financiero" a menos que los gigantes hipotecarios fueran controlados, Frank denunciaba que la administración estaba más preocupada por la seguridad financiera que por la vivienda.
Ahora que la burbuja ha explotado y el "riesgo sistemático" es evidente para todo el mundo, Frank afirma veladamente: "El sector privado nos metió en este desastre". Bien, demos puntos al congresista por jeta. Wall Street y los agentes privados de crédito tienen mucho por lo que responder, pero fue Washington y la clase política los que descarrilaron este tren. Si Frank busca un culpable a quién echarle la culpa, podrá encontrar un sospechoso muy probable en el espejo más cercano.