¿Se habrían comportado igual los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas si hubieran cursado en su infancia "Educación para la Ciudadanía"? ¿Habrían dejado a Josep Piqué pronunciar su conferencia y al público asistente escucharla? Quién sabe. De lo que no hay ninguna duda es que si se hubieran puesto las medidas de seguridad adecuadas, Piqué, los convocantes del acto y los asistentes podrían haber ejercido sus derechos.
La previsión no tiene complicación alguna, porque una de las características de estos grupos totalitarios es que anuncian días antes a través de carteles, concentraciones o páginas web lo que van a perpetrar. A esto se une el que dicha Facultad atesora un historial numeroso y vergonzante de actos de esta calaña, incluidas las agresiones a cargos académicos y robos que han quedado impunes (porque el derecho a la propiedad es un "derecho burgués", claro). Esta práctica no es exclusiva de ese centro, para consuelo de algunos, sino que se ha extendido a otras universidades del resto de España. Tenemos los casos más lejanos de Felipe González y José María Aznar, y más recientes de María San Gil y Rosa Díez.
El caso de Piqué en la Complutense revela dos enormes grietas que, ahora que se cumplen los treinta años de la Constitución, no estaría de más arreglar. Me refiero, por un lado, a las dificultades para el ejercicio libre y garantizado de los derechos constitucionales en todo el Estado, que no se reducen al ámbito de la libre expresión, sino de reunión, voto y asociación, entre otros. Parece preciso el recordar periódicamente que la más importante finalidad del Estado, el sentido de su existencia, es garantizar los derechos individuales. En nuestra historia hemos pasado por graves momentos en que se cuestionaba la legitimidad del Estado por su incapacidad manifiesta para hacer cumplir la ley, máxime si ésta procedía de una institución representativa. La fortaleza de una democracia se asienta en gran medida en la seguridad y la confianza del ciudadano en que la Administración respalda sus derechos. En este sentido, ¿qué puede pensar cualquiera cuando un Ayuntamiento, como el de Azpeitia, está regido por un partido, ANV, que apoya y financia a un grupo terrorista?
La segunda grieta a la que me refería es la escuela de totalitarios que está enquistada en la Universidad pública española. La izquierda es el espectro mayoritario en el mundo universitario desde la década de 1970; esto a nadie se le escapa. Y no se trata solamente del sesgo político que se pueda introducir en la docencia, investigación y cooptación de personal, sino en su consecuencia en el alumnado. Un ejemplo es que los sectores más reaccionarios contra cualquier tipo de modernización universitaria, al más puro estilo de los luditas, aquellos trabajadores amanuenses que quemaban las máquinas en el siglo XIX, están instalados en la Universidad pública.
Esos alumnos, apoyados por ciertos profesores, pasan del bachillerato a la Universidad sin ningún cambio en su madurez, percepción social o intelectual. Estas personas han nacido y crecido en democracia, y su visión de la historia y de la política, de las relaciones sociales, del valor de la libertad, de la cultura en la que viven, se la han proporcionado instituciones y leyes remozadas a la luz de la Constitución. Sin embargo, esos alumnos creen que la Facultad es un campo de lucha social y política, no de formación profesional, un lugar donde deben imponer una interpretación de la vida (imponer en el más amplio sentido de la palabra). Lamentablemente, tenemos incrustada en la Universidad española una pequeña pero eficaz escuela de totalitarios. Ojo.