Querían a diez mil independentistas catalanes manifestándose en Bruselas y a duras penas han llegado a la mitad. Los organizadores sostienen que han logrado su objetivo; no así la policía belga, seguramente pagada por el perverso centralismo español, que sitúa la cifra entre 2.900 y 5.000. Los políticos en activo que se enseñaron por allí pertenecen a ERC, naturalmente, y a Convergència. Lo que un día alguien llamó "nacionalismo moderado comprometido con la gobernabilidad en España" es hoy "soberanismo" y ya no presenta diferencias con la formación de Carod. Defendido por el grupo más próximo a Artur Mas, el "soberanismo" no es más que un sinónimo de independentismo, secesionismo, separatismo. La soberanía (¿habrá que explicarlo a estas alturas?) es el atributo definitorio de los Estados, y es exclusivo de ellos.
Se han revelado falaces todas aquellas fórmulas de la "España plural" con que los socialistas pretendían apaciguar a las fuerzas políticas centrífugas. Si se trataba de consolidar un acuerdo general sobre las premisas básicas del nacionalismo para que el sistema dejara de agitarse y las instituciones se estabilizaran, han fracasado. La estrategia de complacer unas supuestas demandas "nacionales" de Cataluña para desactivar las iniciativas de ruptura con el Estado ha sido un fiasco sin paliativos. No sé qué lógica seguirán los socialistas, pero se ha impuesto lo contrario a lo anunciado. El separatismo es cada vez más fuerte, no porque goce de mayor apoyo social sino porque todos los recursos y mecanismos públicos se han puesto al servicio de los planes de una minoría que se sitúa en el 16,1% de la población catalana según la propia demoscopia de la Generalitat.
Lo que financia la mayoría con sus impuestos sirve así a los proyectos antiespañoles de una exigua minoría, desde el sistema educativo hasta los medios públicos, pasando por las subvenciones culturales, un capítulo que merece especial atención: el Gobierno catalán entrega las herencias intestadas a Òmnium, organización consagrada a actividades como contar así la historia, boicotear productos etiquetados en castellano o negar legitimidad al Tribunal Constitucional. Tienen todo el derecho a manifestarse en Bruselas, pero no vaya a ser que alguien los tome en serio. Si nos echan un pulso con diez mil, propongo que nos plantamos ante la sede de la UE veinte mil catalanes para recordarles que esto es España. Aunque luego nos quedemos, como ellos, en menos de la mitad. ¡A Bruselas!