María Teresa Fernández de la Vega no ha podido contener su irrefrenable deseo de conseguirse el favor de los medios de comunicación. Se lanzó a una carrera, poco meditada, para tener aprobada una Ley de Financiación de RTVE antes del verano que suprimiese los anuncios en la televisión pública. El objeto de su maniobra es aumentar la tarta publicitaria de las cadenas privadas y que éstas y los periódicos a ellas asociadas la traten bien. Saltándose los plazos establecidos, el anteproyecto fue visto en seis días por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y en tres por el Consejo de Estado. Las críticas de ambos organismos apenas se tuvieron en cuenta y en una semana el Proyecto de Ley llegó al Congreso. ¡Todo un record!

La vicepresidenta fue precavida y presentó unos "primos" a los que se les podía obligar a pagar la mayor parte de la factura: las operadoras de telecomunicaciones; éstas no fueron consultadas a pesar de que así lo prescriben las directivas de la Unión Europea. Los socialistas forzaron el procedimiento de urgencia en el Congreso para que, aprovechando el agobio antes de las vacaciones, la ley no pueda debatirse con la serenidad y rigor que requiere.

Menos mal que cinco grupos minoritarios del Congreso (PNV, UPyD, ER-IU, BNG y UPN) han presentado enmiendas a la totalidad, lo que exigirá que el Proyecto se deba debatir en el Pleno y que tanto atropello quede al menos al descubierto. Duele que el PP y CIU no hayan querido presentar enmiendas a la totalidad. Es triste que estos partidos no vean lo imprescindible que es para la sociedad el blindaje que necesitan los medios de comunicación frente a la intromisión gubernamental.

En apariencia, este proyecto pretende librar a las cadenas privadas de la injusta competencia que les plantea una televisión pública, que además de contar con ingresos publicitarios recibe una subvención del Estado. El Gobierno promete que la nueva TVE se convertiría en un medio políticamente neutro y de carácter cultural, de acuerdo a los requerimientos de un servicio público. Para finan­ciar la nueva RTVE, privada de ingresos publicitarios, el Gobierno pretende imponer un tributo sobre ingresos brutos del 3% a las cadenas privadas de televisión, 1,5% a las de pago y del 0,9% a las operadoras de telecomunicación.

Lo que se esconde tras este proyecto de ley es que las cadenas privadas de televisión y los periódicos a ellos asociados estén agradecidos por eliminarles un competidor publicitario y que se disponga de una tasa que la podrán manejar como elemento disuasorio para mantener ese buen trato. Lo lógico sería que si de verdad es un servicio público, la nueva RTVE debería ser financiada por los Presupuestos Generales del Estado o por una tasa sobre los usuarios de dicho servicio: el canon por televisor que se abona en la mayoría de los países europeos.

Si es injusto que las cadenas privadas de televisión tengan que subvencionar a la cadena pública con un porcentaje de los ingresos, más lo es que la parte principal de la financiación de RTVE recaiga sobre unas empresas de telecomunicaciones, que nada tienen que ver el sector televisivo y que no se bene­fician del nuevo régimen publicitario. Esta medida es un claro ataque al derecho de propiedad, pues el hecho de que algunas de estas empresas sean rentables –otras no lo son– no justifica imponerles una tasa sin contraprestación alguna de un servicio. Es preocupante para cualquier inversor internacional la amenaza que representa esta capacidad confiscatoria del Gobierno. El think tank Civismo encargó un estudio económico al Profesor Juan Santaló del Instituto de Empresa que muestra la arbitrariedad que supone esa Ley, pero no importa, lo que cuenta es controlar la opinión, ¡como sea!

Nadie cree que la nueva RTVE pública vaya a ser independiente de los gobiernos de turno. La callada aceptación de este proyecto por los periódicos de los grupos de comunicación con intereses televisivos es una clara advertencia premonitoria de los recortes de la libertad de expresión que nos depara el futuro. Esta "ley-parche" debe ser retirada y tras un amplio debate ser integrada dentro de la Ley General Audiovisual. Una sociedad en libertad no puede consentir que el Gobierno imponga un régimen de servidumbre a los medios de comunicación. ¿Estarán el PP y CiU a la altura de su misión para detener este atropello? ¿Se dará cuenta el Ejecutivo de que está arriesgando otra derrota en el Congreso y que una retirada a tiempo puede ser más conveniente? Este miércoles 8, en la votación de enmiendas a la totalidad sabremos si prefieren el fuero al huevo.