El New Deal, puesto en marcha hace casi 80 años, representó un salto gigante hacia el colectivismo. Pero sólo en las últimas semanas, fruto del New Deal Reloaded de Obama, alrededor de una veintena de estados han redescubierto la décima enmienda de la Constitución.
El artículo I, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, detalla los deberes y las obligaciones limitados del Gobierno federal. Los redactores de la Carta Magna diseñaron un Gobierno centrado sobre todo en la seguridad nacional, las normas para convertirse en ciudadano estadounidense y un puñado de materias más. Y las enmiendas novena y décima de la Constitución atribuyen al pueblo y a los estados, respectivamente, el resto de derechos y competencia.
El gobernador de Texas, Rick Perry, junto a integrantes de su legislativo decían: "La décima enmienda fue decretada por personas que recordaban qué significa vivir bajo un gobierno opresor, qué es quedar desprotegido frente a los tiranos de un Estado despótico. Por desgracia, las garantías constitucionales se han desgastado con el paso de los años".
Durante los primeros días del New Deal de Roosevelt, el Tribunal Supremo llegó a dictaminar que la Constitución significaba lo que decía textualmente. El tribunal, por ejemplo, tumbó de manera unánime la Ley de Recuperación de la Industrial Nacional como consecuencia de una demanda presentada por un matadero de pollos que estaba siendo perjudicado por la intromisión federal. Así, el Supremo se basó en el artículo I, sección 8, que reza "el Congreso tendrá poderes para regular el comercio entre los distintos estados", y resolvió que la Constitución sólo permitía al Congreso legislar en materia relativa al comercio entre estados, pero no el comercio dentro de cada estado. El tribunal también se refería al equilibrio de poderes depositados en las tres ramas del Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– en especial al uso que hacía Roosevelt del legislativo, ya que utilizó el decreto para legislar en materia de comercio interestatal.
El gobernador Perry comparó la intrusión del Gobierno federal con hervir una rana: hay que calentar poco a poco el agua para que la rana no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Por esta razón, Perry se opone a la masiva intrusión federal de Obama en los estados mediante sus planes de "rescate". Pero esta resistencia se ha producido tarde y mal.
Si describimos el flagrante asalto a la Constitución, resulta difícil saber por dónde empezar. El Gobierno federal dirige la Seguridad Social, un fraude piramidal extendido a 50 estados que hace palidecer el de Madoff. ¿Qué pasa con el Medicaid? Es un programa federal destinado a los pobres. ¿Y del Departamento de Educación? Mete de manera inconstitucional al Gobierno federal a regular la educación y condiciona las subvenciones a que cumplan sus normas y mandatos.
El gobernador Perry, tengámoslo presente, pretende aceptar parte de los fondos federales para el rescate porque, según sus palabras, los tejanos enviaron dinero a Washington primero. Se niega, sin embargo, a aceptar fondos especiales, como el dinero de subsidio por desempleo, porque lleva aparejadas una serie de condiciones. Pero la inconstitucionalidad de las intervenciones del Gobierno federal más allá de las especificadas por el artículo I, sección 8, no parece molestarle. Es decir, cree que es correcto que el Gobierno federal desempeñe el papel de niñera y viole la Constitución.
Desde la ratificación de la Constitución, los legisladores federales han intentado saltársela. El presidente Franklin Pierce vetó una ley de 1854 destinada a ayudar a los deficientes mentales diciendo "No puedo encontrar ninguna competencia sobre las actividades de caridad en la Constitución" y que un gasto así "sería contrario al contenido y a la forma de la Constitución y subvertiría toda la teoría sobre la que se fundan los Estados Unidos". Y el presidente Grover Cleveland, al vetar una partida económica de 1887 destinada a ayudar a los condados de Texas castigados por la sequía, decía: "Me siento obligado a abstenerme de aprobar el plan y de sumarme al sentimiento caritativo a través de los fondos públicos. No encuentro ninguna autorización para llevarlo a cabo en la Constitución".
A muchos estadounidenses eso hoy, al no conocer el artículo I, sección 8, no les importaría demasiado.
Roosevelt personificó esta opinión en su segundo mandato: "La Constitución yo la interpreto de manera bastante flexible para resolver cualquier problema nuevo de la democracia, no es el tipo de Constitución que ha utilizado la justicia para obstaculizar el progreso y la democracia".
¿Qué décima enmienda?