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Desafío nacionalista

El problema no es Ibarreche

El presidente de la autonomía vasca está rompiendo unilateralmente la Constitución y el Estatuto gracias a los cuales gobierna. De modo parecido a la Esquerra en 1934, ha utilizado los poderes que le concede la legitimidad democrática española para intentar destruir ésta, para intentar, en definitiva, un golpe de estado. Después, con la insondable hipocresía tradicional en el PNV, ha hablado de dialogar sobre sus hechos consumados… o que él quiere dar por consumados. Ha culminado con ello una cadena de provocaciones ya muy larga en su partido, incluyendo la abierta rebeldía ante los jueces. Ha llevado a cabo estas fechorías, cómo no, en coincidencia y complicidad con el TNV, el Terrorismo Nacionalista Vasco aconsejado por uno de sus máximos jefes, un asesino que ha estado en la comisión de derechos humanos del parlamento vasco. ¡Todo un parlamento democrático en un país civilizado!
 
Estas evidencias se pierden, no obstante, en la habitual e indecente palabrería de la mayoría de los políticos. Pero se trata, como digo, de un intento de golpe de estado en connivencia con el terrorismo, algo que, de tener éxito, legitimaría el terrorismo como arma política en España y desde luego destruiría las reglas que permiten el juego democrático en el país. Una cadena de provocaciones nacionalistas y de claudicaciones de los gobierno han convertido en caricatura la democracia en las Vascongadas, y esta situación ha podido mantenerse porque en el conjunto del país –cada vez menos en Cataluña– el sistema ha venido funcionando de manera pasable.
 
 La pareja de hecho PNV-TNV tiene que haber percibido una extrema debilidad y falta de energía en el gobierno español para atreverse a tal desafío. Pues Ibarreche, con o sin apoyo de los terroristas, carece por completo de fuerza para llevar hasta el final su intentona golpista, que un gobierno resuelto a mantener la democracia y la ley puede abortar con facilidad. Llegados a este punto no parece quedar otra posibilidad real y legal que la suspensión de la autonomía, si Ibarreche no da marcha atrás de forma clara. El personaje debe ser puesto ante sus responsabilidades delante de todo el pueblo español, incluyendo, por supuesto, a los vascos. Esto, si se quiere salvar la legalidad democrática e impedir su ulterior descomposición.
 
Mucha gente se asusta de tal expediente, y alguno lo ha motejado de acto despótico, pero conviene entender que ya no queda otra vía, pues nuevas concesiones sólo aplazarían el encontronazo, deteriorando mientras tanto la situación en las Vascongadas y en toda España. Como decía Churchill, quien cae en el deshonor por evitar la guerra, tiene finalmente guerra y deshonor. Aquí no habrá guerra, pues la desproporción de fuerzas no permite siquiera contemplarla, pero sí se presenta un proceso de pudrición del sistema de libertades que podría concluir en una libanización de España, teniendo en cuenta además la incidencia del terrorismo islámico. La única cuestión práctica consiste en impedir que el PNV-TNV pueda presentar como despótica una medida que esa misma pareja infernal ha hecho inevitable.
 
Por eso el problema no está en Ibarreche, sino en el gobierno español. En condiciones normales no haría falta siquiera que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo demasiado explícitamente, porque el enemigo es débil y porque cualquier gobierno legítimo debe saber cómo actuar en tales casos para preservar no sólo la unidad de España y las libertades de los ciudadanos, sino también su propia legitimidad. Por tremenda mala suerte el gobierno actual está presidido por un hombre que no cree en la nación española, que tiene una breve, pero ya considerable carrera de donjulianismo en relación con Marruecos, con Francia y con el terrorismo islámico, al yugo del cual no ha vacilado en entregar al pueblo iraquí, saboteando las expectativas de democratización o al menos estabilización de su país. Un personaje felicitado por regímenes totalitarios y gobiernos populistas, y que hasta la fecha se ha mostrado dispuesto a las mayores claudicaciones, incapaz de distinguir los principios elementales sin los cuales hablar de libertad, de unidad o de solidaridad se convierte en un sarcasmo.
 
Las tragedias de España en el siglo XX han nacido, en definitiva, de tener a su cabeza, en momentos de crisis, a gobernantes totalmente ineptos para afrontarlas, sea por falta de energía, por frivolidad, por sectarismo o por incapacidad para percibir el alcance del desafío: los García Prieto o Sánchez Guerra, Romanones, almirante Aznar, Alcalá-Zamora, Azaña.
 
¿Ocurrirá ahora otro tanto? Acaso el actual presidente termine por entender lo que se viene encima y cambie de actitud. Acaso la oposición o algún consejero logre hacerle entender la realidad, bajándole de la nube de infantil charlatanería en que habitualmente se mueve. Ojalá. De otro modo, como diría Maragall, “el drama está servido”.

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