Suecia es sinónimo de ambientalismo. Los suecos han sido líderes de las políticas verdes en Europa. Todos los meses, delegaciones de otros países llegan a Estocolmo a aprender sobre la protección del ambiente. En los años 70, con cierta razón se admiraban las políticas ambientales suecas, pero lamentablemente éstas han perdido sus bases científicas en los últimos 15 años, convirtiéndose en un alarmista manejo de posibles riesgos, especialmente en el control de materias químicas.
Muchos científicos suecos están molestos y uno de ellos, Robert Nilsson, ha tenido la valentía de hacer públicas sus protestas. Lamentablemente, ello le ha acarreado los insultos de numerosos ambientalistas, de dentro y de fuera del gobierno. Al parecer, por la libre expresión científica se paga hoy en Suecia un alto precio.
Nilsson es uno de los principales científicos de la Inspección Química Sueca (KEMI) –una oficina gubernamental parecida a la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos–, además de profesor de Toxicología en la Universidad de Estocolmo y asesor de numerosas comisiones fuera de su país. El Dr. Nilsson recientemente participó en varias conferencias en Washington, exponiendo su preocupación sobre el peligro de regulaciones ilógicas y excesiva precaución. Mostró particular alarma en que Massachusetts y San Francisco parecen inclinarse a copiar las regulaciones basadas en el principio de precaución utilizado en Suecia. Nilsson teme que Greenpeace tiene mayor influencia en el Ministerio de Medio Ambiente sueco que la Academia Real de las Ciencias y piensa que sería trágico que otros países se copiaran ese mal modelo.
El resultado ha sido la actual “quimofobia”, fomentada por el llamado “principio de precaución”. A primera vista, ese principio parece positivo, ya que evita riesgos, pero es en realidad la antítesis de la ciencia, aprovechado por quienes se ganan la vida asustando a los demás y quienes mantienen que la mera posibilidad de hacer algún daño es suficiente para prohibir el uso de cualquier sustancia. Ese principio exige que quienes desarrollan tecnologías demuestren que son seguras, lo cual es científicamente imposible. Uno sólo puede demostrar que algo es o no es dañino hasta ahora, no que nunca lo será.
Lamentablemente, fueron los suecos quienes comenzaron con esa ilógica legislación en 1969, invirtiendo el cargo de la prueba. Al comienzo, esa ley se interpretaba mediante la exigencia de más exámenes y pruebas, pero la actual posición del gobierno sueco se ha vuelto extremista, hasta el punto que cualquier sustancia química que alcance cierto criterio tóxico está sujeta a severas restricciones o expuesta a ser prohibida, sin tomar en cuenta el riesgo verdadero.
Por ejemplo, las instrucciones del gobierno respecto a la nueva ley ambiental ordenan que “cuando vaya a lavar y limpiar su auto, debe seleccionar el producto que cause el menor daño posible al ambiente, siempre que limpie el vehículo”. Además de la imposibilidad de hacer cumplir esa regulación, cualquier enjuiciamiento sería una verdadera farsa.
Otro ejemplo de algo bueno llevado a extremos ridículos es el esfuerzo por eliminar todos los metales pesados del ambiente. Los niveles de plomo en la sangre de los suecos han ido disminuyendo en los últimos 20 años como resultado de la progresiva disminución del uso de plomo como aditivo en la gasolina. El nivel encontrado en los niños suecos equivale ahora al de niños que viven en regiones sin ninguna contaminación, como el Himalaya. Sin embargo, los funcionarios suecos han decidido acabar con todo lo que contenga plomo, como las baterías en los vehículos, los tanques de pesca, las quillas de los veleros, etc.
En junio del año pasado, el gobierno sueco anunció su intención de prohibir el plomo en balas y perdigones. Tales municiones se permitirán sólo en los campos de tiro que garanticen que serán recogidas. Esa prohibición se extiende a las competiciones olímpicas y a los militares. Se anuncian similares prohibiciones para el cadmio, que incluye los acumuladores reciclados.
La aplicación de medidas de ese tipo frena el desarrollo de cualquier país, causando los niveles de desempleo que tiene Suecia. Fue su preocupación por esas malas leyes lo que indujo al profesor Nilsson a criticar el mal uso de la ciencia. No sorprende que fuera duramente criticado por la prensa de su país.
Sería trágico que la hostilidad de la prensa frenara la difusión de importantes declaraciones de científicos. A menos que se informe sobre el mal uso de la ciencia y del principio de precaución por parte de gobiernos como el sueco, otros países copiarán tan graves errores, poniendo en peligro el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos que salvan vidas y las hacen más agradables, creando además nuevas fuentes de empleo. Algunos países están dispuestos a adoptar lo que resulta ser un suicidio económico, todo para proteger a su población de riesgos inexistentes.
Roger Bate es director del International Policy Network.
© AIPE
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