Rodríguez y Rajoy no renuncian a la foto: tras la muy morigerada sanción anunciada por el CGPJ contra el juez Tirado, ambos se han apresurado a telefonear al padre de la infortunada niña María Luz Cortés. Concedamos a ambos el beneficio de la duda y supongamos que, de verdad, se sienten conmovidos y compungidos por el terrible suceso, así como por la tristeza infinita de la familia de la víctima. Al tiempo, se anuncia un posible castigo más crudo para la secretaria del juzgado (quizá hasta tres años de suspensión). En conjunto, muy poco todo ello, pero el problema central que se trata de eludir con la cortina de humo de las llamadas o los lamentos es qué piensan hacer en profundidad y en serio para reformar el Código Penal, a fin de garantizar al máximo posible la integridad física de los ciudadanos honrados.

La respuesta es desoladora: nada en absoluto, aparte de parchecitos para simular que hacen algo, lo habitual: un registro de pederastas que se prevé ad calendas graecas y tan cortito de uso que ni va a llegar a la población; un seguimiento de los delincuentes sobre cuya viabilidad y constitucionalidad ya hay voces leguleyas mosconeando... Y poco más.

Ya lo dijo Trillo, dechado de lealtades: olvídense de la cadena perpetua, quienes sabemos del asunto, los expertos, ya hemos decidido que no ha lugar, así pues, no emburries, rapaz, que dicen los asturianos. Mientras tanto, varios partidos se han repartido el CGPJ, como proclamó triunfal la señora Sáenz de Santamaría y el PP ha logrado nueve representantes, como apostilló el muy mentado Trillo. Todos felices por el reparto. Pero es que en los mismos días se hizo pública la sentencia contra el asesino de las dos policías en Barcelona, a las que violó y torturó bestialmente aprovechando, la criatura, hallarse de permiso carcelario. Item más: en Ferrol un tipo asesina y descuartiza a dos personas, inmediatamente después de cumplir una condena de nueve años por robar y matar a un taxista.

Seguirá el goteo de casos espeluznantes y los políticos responsables ("¡No quiero políticos a mi lado, quiero soluciones!", clamaba exasperado alguien por el accidente de Barajas) continuarán sin darse por aludidos, en tanto que a ellos compete modificar y promulgar leyes que protejan a la sociedad, pero lo suyo es el buen rollito y con ellos no va. Ni con los seráficos jueces que conceden permisos a los Rodríguez Menéndez, que tanto abundan y que aprovechan la ocasión para darse el bote: ¿y por qué no iban a hacerlo?

Es un insulto a la inteligencia dar permisos a delincuentes peligrosos, o condenarlos a miles de años y que purguen dieciocho (caso de De Juana, el más conocido pero no el único), o sentenciarles a penas pequeñas, que ni siquiera cumplen, como ocurrió con el tipo de Betanzos-Ferrol. Y en tanto la Justicia se muestra en toda su inoperancia para castigar a los maleantes y defender a la sociedad, los propietarios de la cosa, los Trillos y compañía, se lanzan a la yugular de cualquiera que manifieste –aun sin graves consecuencias inmediatas– dudas o resistencia a doblegarse ante la ola de progresía que nos anega: se piden dieciocho años de inhabilitación para el juez murciano que no veía claro entregar la custodia de su hija a una madre lesbiana.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, lo menos que puede señalarse es la desproporción en el trato entre el juez de Murcia y el de Sevilla (el del pederasta que mató a Mª Luz), el ensañamiento con uno en un asunto opinable y la manga ancha con el otro, cuya omisión terminó en el asesinato de una niña. Pero ni siquiera el problema se circunscribe a la actuación de los jueces: la verdadera tragedia reside en la inanidad de las leyes y en la renuencia de los políticos a corregirlas en función de las necesidades y de la noción de justicia que marcan la simple lógica y el sentido común. Menos mal que la irrupción en masa en el CGPJ de Jueces para la Dedocracia va a traer el Reino de los Justos sobre la Tierra.