El Consenso de Washington, explicado

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, menciona frecuentemente el "Consenso de Washington" (CW), asumiendo que todos sabemos a qué se refiere. No es así.

A pesar de que Correa escribió un capítulo de su tesis doctoral para criticar las reformas que él atribuye al CW, no lo explica ni cita a John Williamson, su autor. Si el entonces estudiante hubiese revisado lo propuesto por Williamson, se hubiese dado cuenta que en algunos puntos el llamado Consenso de Washington está más cerca de gente que piensa de la misma manera que él, como Daniel Rodrik de Harvard y Joseph Stiglitz de Columbia, que de quienes llama "neoliberales".

El Consenso de Washington fue escrito por un economista independiente que trabaja desde entonces en el Internacional Institute for Economics (ahora Peterson Institute for International Economics) de Washington, D.C. No se trataba de una política de estado del Gobierno de Estados Unidos ni una macabra conspiración del "imperio".

El CW fue adoptado parcial y voluntariamente por varios países latinoamericanos, cuando colapsó el modelo de desarrollo de substitución de importaciones, practicado desde los años cincuenta. Ese modelo otorgaba privilegios monopólicos a empresas que nunca dejaron de ser industrias incipientes y que desaparecen sin la protección gubernamental.

El CW aseveraba que la mayoría de las instituciones de investigación y de las agencias involucradas en la formulación de políticas públicas para el desarrollo concuerdan en los siguientes principios esenciales para el desarrollo: (1) disciplina fiscal; (2) reorganización del gasto público para canalizarlo hacia la atención médica básica, la educación primaria y la infraestructura; (3) reforma fiscal para reducir las tasas marginales de impuestos y aumentar así la recaudación total; (4) liberalizar las tasas de intereses; (5) sostener un tipo de cambio "competitivo"; (6) eliminar las restricciones cuantitativas al comercio y convertirlas en aranceles que luego serían reducidos paulatinamente hasta llegar a un arancel efectivo promedio de entre 10 y 20%; (7) liberalizar el flujo de inversión extranjera directa; (8) privatizar las empresas estatales; (9) eliminar las barreras al ingreso y salida del mercado, reduciendo trabas legales innecesarias y (10) fortalecer los derechos de propiedad privada.

El CW no es ni fue nunca una agenda completa para el desarrollo. El mismo Williamson lo reconoció cuando formuló esa lista de recomendaciones y lo sigue reconociendo hoy. Tampoco es un manifiesto liberal. Si lo fuese, aconsejaría un tipo de cambio determinado por el mercado, no por la banca central, y una liberalización comercial que eventualmente elimine todo arancel y las demás trabas al libre intercambio comercial.

Decir que el CW se aplicó en todos los países de Latinoamérica es mentira. El gasto público indisciplinado y el mal manejo de la deuda son los más claros ejemplos de que el CW no fue aplicado seriamente en América Latina. Francisco Gil Díaz, ex ministro de Hacienda de México, mantiene que "las políticas que se han llevado a cabo no son ni siquiera una mala imitación de lo que deberían ser las políticas de una economía de mercado... Sin embargo, y sorprendentemente, los comentaristas de radio y televisión, una variedad de políticos y hasta algunos economistas de renombre han podido presentar como algo genuino la grotesca caricatura de economía de mercado que ha sido implementada a lo largo de nuestro continente."

Los países que más se aproximaron a aplicar por más tiempo las medidas recomendadas en el CW lograron los mejores resultados en los años 90 y en lo que va del nuevo siglo: Chile, El Salvador y, más recientemente, el Perú. Como dice el economista Juan Andrés Fontaine, América Latina necesita un Consenso de Santiago de Chile, no un Consenso de Washington.