Empieza a ser dramático el esfuerzo que malgasta la inteligencia en explicar lo obvio. Cuando una sociedad hace perder su tiempo a los más preparados para que expliquen lo evidente, estamos ante una "sociedad" fragmentada. Rota. Esa es la tragedia de España. Su ejemplo extremo es la reacción ridícula y, por supuesto, totalitaria del Gobierno y todas sus terminales mediáticas, casi todas las existentes en España, ante las consideraciones de los obispos para estimular el voto responsable de los católicos. Antes que analizar el contraste entre la templanza, y a veces excesiva prudencia de la nota de los obispos, con la reacción agresiva del PSOE y la tibieza timorata del PP, debería de preocuparnos la soledad, la extrema soledad, de la Iglesia católica a la hora de debatir con otros interlocutores en el proceso público político.
Las opiniones de la Iglesia han sido, simplemente, estigmatizadas, pero nunca sometidas al contraste con las opiniones de otros actores sociales que deberían de preocuparse por la formación de la opinión pública política. ¿Dónde están esos actores? Callados. Subvencionados. Silenciados por el Gobierno. Muertos. ¿O acaso cree alguien que, aparte de la nota de la Iglesia católica, existe una institución en España con fuerza moral y calidad intelectual suficientes para evaluar el deterioro de nuestras instituciones? ¿Cree algún español que existe una institución equiparable en coraje moral a la Iglesia católica dispuesta a decirle a las elites políticas su opinión sobre el aborto, la educación, la familia, la legislación sobre la historia, etcétera?
Nadie se engañe. Sin sociedad civil desarrollada la democracia queda reducida a un juego cruel entre elites políticas. Parece que las instituciones clave de la sociedad civil, ésas que deberían dar opiniones competentes, han desaparecido. Excepto la Iglesia católica, poquísimas son las voces dispuestas y capaces a orientar moral y políticamente a los ciudadanos sobre la participación en el proceso electoral. Ésa es, en efecto, la tragedia. La vacuidad y el deterioro de cientos de "instituciones" que no sirven ni siquiera para dar opiniones políticas, más o menos solventes, sobre materias que les competen. Que sea la Iglesia católica la única institución autónoma y soberana respecto a los partidos políticos, y respecto al Estado, es una tragedia nacional.
Felicitemos, pues, a la Conferencia Episcopal española por defender su autonomía y exijamos al resto de la sociedad civil que siga su ejemplo, o sea, participe en el proceso de formación política de la voluntad democrática. ¿O acaso el Gobierno se atrevería a estigmatizar a la Academia de Medicina por sacar un documento a favor del derecho a la vida y contra el aborto? ¿Se atrevería el Gobierno a descalificar la opinión de la Academia de la Historia por criticar una ley sobre qué tipo de historia debe enseñarse a nuestros escolares? ¿Perpetraría el señor Guerra alguna coacción sobre la Academia de Ciencias Morales y Políticas porque ésta hubiera criticado el salvajismo que lleva aparejado la nueva ley de "matrimonios"?