La demanda interpuesta por Telma Ortiz, la hermana de la Princesa de Asturias, contra 57 medios de comunicación para impedir la publicación de imágenes suyas y, por tanto, eliminar el acoso al que se ve sometida parte de varios errores de principio. Errores que empañan una posición que, en el fondo, es de lo más razonable.
El primero, y quizá menos importante, es el expuesto por su abogado al considerar que Telma Ortiz "no es un personaje público ni por parentesco". No sólo es evidente que lo es, sino que el mero hecho de interponer una denuncia contra tantos medios deja claro que existe un amplio interés público por ella; no ha publicado reportajes un periodista despistado o un medio que no conoce lo que quieren sus lectores. Otra cosa es que ese interés sea apropiado. Demuestra cierta incoherencia que las mismas personas que devoran con ansia todo lo que ofrece la prensa rosa deploren al tiempo los medios por los cuales ésta puede elaborar sus reportajes.
Precisamente el de la relevancia pública ha sido este punto en el que se ha basado la juez para desestimar la petición de la hermana de la Princesa de Asturias de impedir a los medios tomar imágenes de ella o de su pareja. Y es que su abogado ha argumentado que si quieren utilizar fotografías suyas, los medios pueden utilizar las tomadas en actos protocolarios u oficiales. ¿Cómo argumentar que no es un personaje con proyección pública quien forma parte de actos que sí la tienen?
Sin embargo, la magistrada no ha admitido el argumento de las defensas de que dichas medidas cautelares supondrían una censura previa que conculcaría el derecho a la libre información. Y ahí cabe discrepar. Tiene todo el sentido que quienes ven conculcado su derecho a la intimidad acudan a los tribunales para denunciar los hechos y pedir una compensación y una pena adecuada a quien les ha acosado, pero no que se establezca una prohibición previa y genérica que limitaría gravemente la libertad de expresión.
En cualquier caso, es cierto que las libertades también se ven amenazadas ante las hordas de esos fotógrafos y plumillas que asaltan a personajes famosos cada vez que éstos pisan la calle. La doctrina liberal enseña que cada uno puede hacer en su propiedad lo que quiera, y la ley refleja esto prohibiendo la publicación de imágenes tomadas en propiedades privadas sin permiso y siempre que no sea durante la celebración de actos públicos. El problema son las propiedades públicas, y ahí la ley debería procurar transitar por los senderos del sentido común.
Del mismo modo que no resulta censurable que se tomen imágenes de famosos, clama al cielo el acoso al que se les somete para lograrlas. La solución ideal, naturalmente, sería que los propios paparazzi y periodistas del corazón ejercieran cierto autocontrol y optaran voluntariamente por no perseguir ni acosar a quienes no desean ese tratamiento, como es el caso de Telma Ortiz. No lo van a hacer por sí solos, naturalmente, pero podrían someterse a una presión social contra estas prácticas ahora inexistente. Porque no hay mejor presión que dejar de leer, escuchar o ver aquellos medios que emplean estas técnicas para elaborar sus reportajes. Quien realmente esté en contra de estos métodos, una posición en la que deberíamos estar todos, debería dejar de consumir inmediatamente ciertos productos informativos.
En el caso probable de que esto no suceda, tanto legisladores como jueces deberán reflexionar sobre cómo poner límites a esta situación. El sentido común parece dejar claro qué hechos son inadmisibles y, aunque sea exagerado considerarlos delito, no estaría de más tomarlos como merecedores de una multa considerable. Que excediera con creces los beneficios que obtienen los medios de este tipo de acoso.
