"Soy una vieja roquera de la profesión". Así se presentó en las Jornadas sobre Farmacia que tuvieron lugar la semana pasada en Toledo Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Se trata del 10º Encuentro con los medios para presentar los proyectos y los retos de la profesión farmacéutica para 2010 que organiza la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica.

La presidenta del Consejo General fue la encargada de abrir las jornadas y recordó que "lo importante es conocer cuál es la farmacia que necesitamos en España" ya que se trata de una profesión regulada por las administraciones. Un servicio, el farmacéutico, que en España, gracias a su modelo, ha alcanzado unas cotas altísimas de prestación de servicio farmacéutico "equitativo, universal y de calidad".

En este sentido, Carmen Peña recordó que en nuestro país hay 65.000 farmacéuticos colegiados, de los que 42.000 trabajan en oficinas de farmacia. Concretamente en 21.057 oficinas de farmacia que conforman "una red que permite que todos los ciudadanos cuenten con una farmacia cerca de su casa". Lo que queda garantizado gracias a las "más de 2.000 farmacias" instaladas en "poblaciones con menos de 1.000 habitantes". "Tanto en las zonas rurales como en la población urbana, los ciudadanos tienen acceso a las farmacias en igualdad de condiciones"

Procedimiento de infracción

Además, Carmen Peña recordó que en junio de 2006 la dirección general de mercado interior de la UE, abrió un procedimiento de infracción a España para que modificara su sistema farmacéutico. "Nos pusimos en marcha y a disposición para explicar nuestro modelo y sus ventajas".

Durante aquel periodo, recuerda Peña, "salieron argumentos técnicos jurídicos que se esgrimieron. Pero había un argumento filosófico si acaso, más importante. Parece que hay un interés por menospreciar el medicamento. Pero lo fundamental de nuestro sistema es tener muy claro que el que compra un medicamento no es un consumidor, es un paciente.

Además, recordó que "la oficina de farmacia es un establecimiento privado, pero implicado en el sistema sanitario". Es decir que "el 85% de lo que se despacha en la farmacia es del Gobierno". Esto es así porque "lo que se está buscando es la protección de la salud de los ciudadanos".

Para Carmen Peña, otro de los aspectos importantes de esta discusión es "la vinculación de la propiedad y la titularidad en la oficina de farmacia". Una circunstancia que permite "evitar integraciones verticales y conflictos de intereses" ya que si se separan titularidad y propiedad, "pueden caer en manos de las cadenas de distribución mayorista y en otras".

Tal y como recuerda Peña, "este argumento empezó hace años de forma oficial. En mayo del pasado año, el tribunal de Luxemburgo dictó una sentencia en la que el tribunal ratificó que se puede preservar la titularidad y propiedad de la farmacia, reforzando nuestros argumentos en nuestra forma de ver la farmacia en España".