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Andalucía

El interminable caso ERE va a durar más de 10 años con más de 100 juicios

El recurso del condenado Guerrero recuerda la destrucción de documentos por la Junta en 2010.

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Puede haber quien crea que el caso ERE ya está juzgado y que han sido condenados, a espera de resolución de recursos,19 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos dos ex presidentes de la Junta y del propio PSOE a nivel nacional, que es como si se hubiera condenado a Manuel Fraga y a José María Aznar o a Albert Rivera y a Inés Arrimadas o a Julio Anguita o Francisco Frutos. Pero esta condición de símbolos máximos del socialismo nunca se destaca.

De hecho, y para empezar, las condenas no son firmes ya que todavía están terminándose los recursos de los condenados por la Audiencia de Sevilla al Tribunal Supremo. Ya elevaron sus recursos el propio Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los expresidentes aludidos en el párrafo anterior, y han hecho lo propio Gaspar Zarrías exconsejero de la Junta y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Pero ese ha sido el primer juicio de un rosario de procedimientos que se calculan en 200. El abogado de uno de los condenados, el exconsejero Antonio Fernández, habitual defensor de imputados socialistas desde la época del caso Juan Guerra, Alfonso Martínez del Hoyo, ha hecho un resumen de la situación del caso en un artículo publicado en Diario de Sevilla el pasado 25 de junio.

Recuerden que ya la juez Alaya dijo que dividir el procedimiento único que ella estaba instruyendo conllevaría la disolución de la visión general del caso lográndose así que los árboles no dejaran ver el bosque. Pero además la insistencia de la Fiscalía y la disposición de su sucesora, María Núñez Bolaños, en trocear el caso, ha conducido a lo que llama un "laberinto judicial".

Se decidió, contra el criterio de Alaya, dividir el procedimiento en una pieza de responsabilidad política por el procedimiento, que la única que ha llegado a juicio, y en tantas otras como ayudas concretas se hubieran otorgado de forma presuntamente irregular a empresas y trabajadores entre 2000 y 2010. En total, surgieron alrededor de 200 piezas judiciales cuya instrucción continúa y cuyos juicios, si hay lugar, están pendientes.

Se espera que para 2021 están resueltos los recursos de casación derivados de las condenas del primer juicio y único celebrado. Sólo 2 piezas, la de Acyco y Surcolor, serán juzgadas previsiblemente en 2021 y dos más, las de Trujillo y Cenforpre, ni siquiera tienen fecha de juicio.

Además de las circunstancias propias de la Audiencia de Sevilla, que es la que debe juzgar, la realidad, indica Martínez del Hoyo, es que los 200 juicios restantes no podrán ser simultáneos porque los abogados son casi siempre los mismos en todos ellos. Aunque en vez de 200, fuesen solo 100 juicios porque haya sobreseimientos o prescripciones, el berenjenal judicial será relevante.

Según sus cálculos, Martínez de Hoyo estima que 100 juicios no simultáneos a cuatro meses de media cada uno, acumularán 400 meses de procesos, lo que, en las tres secciones de la Audiencia hábiles para afrontarlos, supone que se estará más de diez años con el caso ERE atosigando la Audiencia, restando recursos a su funcionamiento normal y dilatando la espera hasta un nivel inaceptable.

Por ello, Martínez del Hoyo, uno de los que aplaudieron el troceamiento del caso ERE en su día, ahora propone unificar en unos pocos juicios " un número significativo de piezas conexas y comprendiéndolas todas. Aunque esos pocos juicios duren cada uno ocho o nueve meses y exijan una fuerte movilización. Eso sí: procurando para ellos una dotación de magistrados no carentes de la indispensable apariencia de imparcialidad."

El panorama es tremendo. A los diez años transcurridos desde el comienzo de la instrucción en 2010 habrá que sumar otros 10 años de juicios sucesivos. Estamos hablando de veinte años de caso ERE.

Guerrero reitera que la Junta destruyó documentos

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía en el gobierno de Manuel Chaves, pide la absolución en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo por haber sido condenado por un "fallo político" pero subraya que hubo en efecto destrucción de documentos por parte de la Junta de Andalucía presidida por José Antonio Griñán en 2010.

Condenado a casi 8 años de cárcel y a casi 20 de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público, Guerrero dice en su recurso y recoge La Razón que la sentencia está poblada de equivocaciones, de "múltiples contradicciones, incoherencias y errores, que emanan» de la primera fase de instrucción, dirigida por una "obcecada" e "inquisitorial" juez Mercedes Alaya espoleada por el PP.

Pero en un momento de su larguísimo recurso, de más de 300 páginas, da pistas de asuntos no investigados ni esclarecidos. Y dice: "Pero nadie se preocupó de investigar quién concedió las ayudas de Faja Pirítica, Azucarera Reunida de Jaén, Hamsa, etc.". En el caso de Hamsa, ya han salido los nombres de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, además de otros ex altos cargos de la Junta.

Igualmente se refiere al testimonio expresado en el juicio acerca de «la modificación y destrucción de documentos que en la DGT –Dirección General de Trabajo– se produjo en noviembre de 2010, lo que fue un acto premeditado y organizado, ya que al final de la jornada se preocuparon en ocultar las evidencias ante sus compañeros". Pero él mismo lo desmintió cuando le convino poco antes del juicio en 2018.

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